Skip to content

El juez investiga posibles gastos irregulares en la campaña de Salvador Illa y reclama documentación al PSOE

El magistrado pone el foco en la campaña del PSC en las elecciones autonómicas de 2024

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha puesto el foco sobre la campaña electoral de Salvador Illa tras solicitar al PSOE información contable y documentación interna relacionada con las elecciones catalanas de mayo de 2024. La investigación busca esclarecer si parte de los gastos electorales pudieron utilizarse para financiar actividades vinculadas a las conocidas “cloacas de Ferraz”.

La Audiencia Nacional solicita contratos, facturas y pagos de campaña

El magistrado ha requerido al Partido Socialista toda la documentación económica correspondiente al periodo oficial de campaña, comprendido entre el 26 de abril y el 10 de mayo de 2024. Entre los documentos reclamados figuran contratos, facturas, pagos de publicidad, propaganda y otros servicios electorales vinculados a la candidatura de Illa.

Además, el juez también ha pedido acceso a la información presentada ante la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y el Tribunal de Cuentas, con el objetivo de comprobar si dentro de los gastos declarados se incluyeron pagos ajenos a la actividad electoral y relacionados con la estructura investigada en el denominado caso SEPI.

La investigación analiza posibles pagos encubiertos

Por el momento, el auto judicial no atribuye irregularidades concretas a la campaña de Salvador Illa. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha abierto una línea de investigación centrada en la forma en que el PSOE gestionó determinados contratos y servicios durante el proceso electoral.

La principal sospecha es que algunas partidas económicas pudieran haberse utilizado para financiar maniobras destinadas a frenar o desacreditar investigaciones judiciales y policiales que afectaban al partido, al Gobierno o al entorno del presidente Pedro Sánchez.

El papel de Leire Díez en la trama investigada

La causa judicial gira en torno a Leire Díez, conocida públicamente como “la fontanera”, a quien el juez atribuye un supuesto papel operativo dentro de una red orientada a desacreditar causas incómodas para el PSOE.

Según la investigación, estas actividades podrían haberse financiado mediante facturas falsas, contratos simulados o servicios publicitarios que no respondían a trabajos reales.

Grupo Crónica Libre y Patricia López, bajo revisión judicial

Otro de los elementos clave de la investigación afecta a Grupo Crónica Libre, empresa vinculada a la periodista fallecida Patricia López.

El magistrado ha solicitado al PSOE el detalle completo de las contrataciones realizadas con Patricia López y con dicha sociedad durante los años 2024 y 2025. La petición incluye información sobre:

  • Órganos del partido que autorizaron los contratos
  • Objeto de los servicios prestados
  • Importes pactados y cantidades abonadas
  • Métodos de pago utilizados
  • Personas implicadas en las gestiones

Una conversación intervenida apunta a pagos de 20.000 euros

La nueva línea de investigación surge tras una conversación intervenida por los investigadores, en la que se menciona la posibilidad de que Santos Cerdán hubiera autorizado un pago cercano a los 20.000 euros a través de una supuesta campaña publicitaria.

Según el auto, esos fondos podrían haber terminado en el entorno de Crónica Libre. Asimismo, también aparece mencionado Ion Antolín, quien habría desempeñado un papel relevante en la difusión de determinadas informaciones.

La Audiencia Nacional investiga una posible red de presión política

El objetivo de la investigación es determinar si los trabajos publicitarios contratados fueron reales o si, por el contrario, sirvieron como mecanismo para canalizar fondos hacia la estructura atribuida a Leire Díez.

El auto judicial describe una presunta actividad dirigida a influir en causas judiciales y policiales relacionadas con el PSOE y el Ejecutivo, mediante campañas de descrédito, búsqueda de información sensible y contactos con fiscales, mandos policiales y miembros de la Guardia Civil.

Deja una respuesta