El magistrado avisa de que podrá usar la fuerza pública si se niega a comparecer
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido aplazar la audiencia preliminar de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijándola finalmente para el próximo 15 de junio a las 18:00 horas. La comparecencia estaba inicialmente prevista para el día 9, pero ha sido modificada tras la solicitud de la defensa.
Aplazamiento de la audiencia preliminar
El cambio de fecha se produce después de que el abogado de Begoña Gómez solicitara el aplazamiento, alegando que ya tenía programada otra actuación judicial en la fecha inicial. El magistrado ha aceptado la petición, aunque ha insistido en mantener la obligación de comparecer.
En el auto emitido, el juez subraya que la audiencia queda reprogramada sin alterar las condiciones de asistencia, reiterando que la presencia de los investigados es obligatoria.
Obligación de comparecer y advertencia de medidas coercitivas
Juan Carlos Peinado ha dejado claro que tanto Begoña Gómez como los otros dos investigados en la causa, la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, deberán acudir de forma personal a la citación judicial.
Además, el juez ha advertido de manera expresa que, en caso de incomparecencia, podría ordenarse su conducción por la fuerza pública. Esta medida busca garantizar la asistencia y evitar cualquier intento de eludir la acción de la justicia.
Ya en la resolución inicial, el magistrado había advertido de la posibilidad de adoptar medidas cautelares si los citados no acudían, con el objetivo de prevenir un eventual riesgo de fuga o evasión del procedimiento judicial.
Posible juicio con jurado popular
En el marco de la instrucción, el juez ha planteado la posibilidad de que Begoña Gómez sea juzgada por un tribunal del jurado, en relación con presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
Partes implicadas en la audiencia
A la audiencia preliminar han sido convocados no solo los investigados y sus respectivas defensas, sino también la Fiscalía, las acusaciones populares personadas en la causa y la Universidad Complutense de Madrid, que participa como acusación particular.
