Ignacio Garriga: ‘El bufón separatista de 3ª categoría que se creía impune por cobrar millonadas tendrá que rendir cuentas. La impunidad se va a acabar’
Detención ordenada para garantizar su comparecencia. Un juzgado ha ordenado la detención del humorista Jair Domínguez para asegurar su comparecencia en el juicio fijado para el próximo 14 de abril por delito de odio que impulsa VOX.
Domínguez declaró en La mañana de Catalunya Ràdio, tras las elecciones regionales del 14 de febrero de 2021, que “el fascismo, los nazis, se combaten con un puñetazo en la boca”. Habida cuenta de que el sujeto dedica esos calificativos a cualquiera que no sea de su cuerda ideológica, especialmente a VOX, el partido tomó las correspondientes medidas judiciales.
El caso ya había sido archivado en dos ocasiones al considerar que las palabras no constituían delito de odio, pero la Audiencia de Barcelona lo reabrió a petición de VOX.
Ignacio Garriga mostró su satisfacción en X al hacerse eco de la noticia de VilaWeb: «El bufón separatista de tercera categoría se creía impune por cobrar millonadas de TV3 y CatRàdio. Ahora tendrá que rendir cuentas por llamar a la violencia contra los votantes del tercer partido de España. La impunidad se va a acabar, vaya si se va a acabar», concluye Garriga.
Defensa rechaza la medida como innecesaria
La resolución judicial exige que la policía lo localice, lo detenga y lo ponga a disposición del tribunal. Si las autoridades lo encuentran, deberán conducirlo al juzgado de guardia para validar la detención y confirmarle la citación.
Los abogados de Domínguez presentaron un escrito ante la Audiencia de Barcelona en el que aseguran que su cliente ya se ha personado formalmente en la causa con procurador y letrado, conoce perfectamente la fecha del juicio y mantiene contacto con los Mossos d’Esquadra para recibir la citación.
Consideran la orden de detención “absolutamente innecesaria”, recuerdan que el Ministerio Fiscal pidió el sobreseimiento y destacan que, por la pena solicitada, el juicio podría celebrarse incluso en su ausencia.
Fuentes de la defensa atribuyen la decisión a un problema de plazos: el tribunal necesita citar personalmente al acusado y, ante la proximidad de la vista, activó el mecanismo policial tras no localizarlo con antelación suficiente.
