El plan de Sánchez incluye la reforma integral del Código Penal sobre delitos relativos a la libertad de expresión que afecten al Gobierno e instituciones
El Plan de Regeneración Democrática de Sánchez aprobado este martes por el Consejo de ministros contempla 31 medidas a aplicar durante los próximos tres años entre las que figuran registrar la actividad económica de los medios de comunicación a través de un organismo “independiente” (dirigido por una ex asesora de Presidencia) y una “reforma integral” del Código Penal que afecta a la libertad de expresión.
La reforma incluye modificaciones sobre los delitos relativos a la libertad de expresión que afecten al Gobierno e instituciones del Estado, así como futuras modificaciones legales sobre el Derecho al Honor y el Derecho a la Rectificación para que los tribunales den una «respuesta efectiva» a lo que el Gobierno califica de difamaciones y bulos de ‘pseudomedios’.
El Plan de Regeneración Democrática con el pretexto de adaptar el Derecho español al Europeo
El triministro Bolaños justificó esta mañana semejantes medidas por la presunta necesidad de adecuar la legislación española a la europea. Con ese argumentario, el Gobierno interpreta así un Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios de Comunicación que precisamente busca, entre sus objetivos principales, defender a la prensa y los informadores de injerencias de los políticos.
Reformas del código penal contra lo que Bolaños llama ‘pseudomedios’
El triministro Bolaños adelantó que el Gobierno afrontará una «reforma integral» del Código Penal para modificar los delitos de libertad de expresión que afecten al Gobierno -Bolaños matizó que también a la Corona-.
Según el socialista, para «fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz en los ciudadanos», se necesita una «reforma integral del Código Penal» para tratar «los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos«.
Bolaños adelantó que el Gobierno reformará la Ley Orgánica de Derecho al Honor de 1982 y la Ley Orgánica de Derecho a la Rectificación de 1984, porque, según el socialista, «ha quedado claramente obsoleto» por el «el ecosistema que tenemos hoy de medios de comunicación y las formas en las que se producen esas difamaciones y esas publicaciones«.
Con la reforma de ambas leyes, el Gobierno busca que “los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique en un medio o pseudomedio de comunicación». El ministro también adelantó una reforma de la ley de Secretos Oficiales.
La CNMC de la exasesora de Presidencia, organismo ‘independiente’ para crear un registro de medios de comunicación
Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun anunció que encargará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC) la creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.
Urtasun anunció que el registro de los que se consideran medios de comunicación y los que no “será elaborado y tutorizado por un organismo independiente”, en este caso la CNMC que preside Cani Fernández, ex asesora del ministerio de Presidencia de Sánchez.
El ministro considera «imprescindible que las administraciones no seamos financiadoras de las fake news» y cree necesario «trabajar «apoyar el trabajo de los verdaderos profesionales«.
