Cita a los políticos a un acto de conciliación para retractarse de las acusaciones vertidas para ‘instrumentalizar políticamente’ al empresario
El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado acciones legales por difamación contra Ion Antolín, director de comunicación del PSOE; Diana Morant, ministra de Ciencia; José Zaragoza, diputado socialista y Rita Maestre, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital.
González Amador sostiene que estas personas han realizado «especulaciones o conjeturas totalmente infundadas» con el fin de «instrumentalizar políticamente su figura», buscando «manipular a la opinión pública y desplazar el foco mediático de los presuntos casos de corrupción que afectan al actual Gobierno de coalición e incluso a familiares cercanos al presidente».
Los abogados de González Amador solicitaron a los correspondientes juzgados sendos actos de conciliación con la mencionada lista de políticos y altos cargos como paso previo a presentar una demanda por violación del derecho al honor o una querella por injurias y calumnias.
Se les pedirá una retractación pública de sus declaraciones
Los políticos demandados señalaron durante meses a Amador como perpetrador de una serie de delitos (más allá de los investigados en su causa con Hacienda) y de obtener ventajas económicas o profesionales debido a su relación con la presidenta madrileña, circunstancia que ha negado con rotundidad.
En consecuencia, los abogados de González Amador exigirán a los requeridos en el acto de conciliación que se retracten en público de sus declaraciones y se comprometan a no repetirlas.
Según detalla ‘El Imparcial’ en caso de negarse a retractarse, los abogados procederán con las acciones legales correspondientes y reclamarán una indemnización total de 115.000 euros (30.000 al PSOE, 30.000 a Antolín, 15.000 a Más Madrid, 15.000 a Rita Maestre, 15.000 a Diana Morant y 10.000 a José Zaragoza).
Estas acciones legales se añaden a las interpuestas contra la vicepresidenta María Jesús Montero, y la ministra Isabel Rodríguez, que están convocadas para un acto de conciliación el próximo 2 de octubre.
González Amador también se querelló contra los fiscales de Madrid por revelación de secretos
Alberto González Amador también ha interpuesto una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por supuesta revelación de secretos. El querellante recurrió al TSJM por ser aforados los fiscales que presuntamente cometieron los hechos.
La querella incluye al fiscal de delitos económicos Julián Salto, en relación con el comunicado oficial difundido por un canal oficial en el que la Fiscalía de Madrid informaba sobre los correos confidenciales (tal como marca la Ley) entre el abogado de Alberto González y el fiscal, relativos a la causa por fraude tributario.
PSOE y Más Madrid trataron de alargar varios años la causa de González Amador
El empresario, inmerso una causa por defraudación fiscal antes de ser pareja de Ayuso, negocia un inminente acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para regularizar su situación. En concreto, la causa se sigue por presuntos delitos fiscales en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021 (defraudación de 350.951 euros defraudados) y otro delito de falsedad en documento mercantil.
Según adelantó ‘Ok Diario’, la causa se cerrará en las próximas semanas al existir un acuerdo de conformidad, avalado por la Fiscalía Provincial de Madrid, y González Amador y el resto de investigados reconocen los hechos y pagarán la correspondiente sanción.
Ante la inminencia del acuerdo, ya redactado y que iba a firmarse en junio, las acusaciones ejercidas por PSOE y Más Madrid pidieron ampliar los delitos investigados contra la pareja de Ayuso. La instructora del caso, sin embargo, tumbó el intento de dilatar el proceso y evitar el carpetazo judicial y mediático al mismo.
En su auto, la instructora rechazó emprender las diligencias solicitadas, porque “muchas de ellas pueden resultar innecesarias por tener por objeto hechos que pueden ser reconocidos por los investigados y otras pueden considerarse prospectivas al no existir indicios de delitos distintos a los que son objeto” de la causa.
La solicitud, según la instructora, «supondría excesiva complejidad y dilación en el procedimiento, que se alargaría durante varios años” e “impediría el pronto enjuiciamiento exigido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
