Se votará crear una comisión para redactar otra ley de referéndum y, tras la aprobación, se insta a celebrarlo antes de febrero de 2025
El próximo jueves, 9 de noviembre, el Parlamento de Cataluña votará la propuesta de la CUP de crear una comisión encargada de redactar una nueva ley para un referéndum de autodeterminación. La tramitación se une a las nuevas exigencias planteadas por ERC y JUNTS sobre la presunta deuda histórica y la condonación de la deuda de la Comunidad catalana.
De acuerdo con el documento presentado por la CUP, se trata del paso preliminar hacia la realización de otro referéndum separatista antes de que termine la legislatura actual, en febrero de 2025.
En esta ocasión, la propuesta de la CUP busca la creación de una comisión redactora y, una vez aprobada la ley, instar al Parlamento de la Comunidad a actuar con “soberanía”, y traspasar la legalidad constitucional y del actual estatuto, así como las restricciones políticas y judiciales.
El Presidente de la Generalidad pide avanzar hacia un referéndum
Según ha detallado El Periódico, la iniciativa de la CUP se basa en un informe sobre el Acuerdo de Claridad encargado por el presidente Pere Aragonès a un comité de expertos.
El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, ya mostró su satisfacción por el acuerdo de investidura logrado por ERC y el PSOE, pero matizó que no son las últimas cesiones que pedirá a Sánchez, sino el principio de una lista de exigencias conducente a la autodeterminación.
Aragonès explicó que el acuerdo de investidura de Sánchez es una etapa de una negociación que ahora inicia una segunda fase para “abordar el fondo del conflicto centrado en el futuro político de Cataluña” y que “una vez lograda la amnistía es hora de avanzar hacia el referéndum“.
De vuelta al escenario previo al golpe de Estado de 2017
El Parlamento catalán ya aprobó una ley similar que desembocó en la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre y el golpe de Estado separatista. Se da la circunstancia de que parte de los cabecillas del golpe de 2017 son los delincuentes fugitivos con quienes negocia Sánchez la amnistía a cambio de su investidura.
La anterior ley del referéndum en el parlamento catalán se aprobó sin la presencia de los partidos constitucionalistas. Salieron de la cámara antes de la votación el PP, Cs e incluso el PSC, formación a la que en 2017 le convenía situarse en el grupo que respeta la Constitución. Aquella ley resultó anulada finalmente por el Tribunal Constitucional.
