El informe de la UE denuncia y condena prácticas que erosionan los pilares fundamentales del Estado de Derecho en nuestro país
Situación del Estado de Derecho en España en 2024. El PP ha presentado una serie de enmiendas, aprobadas, al Parlamento Europeo. Se alerta sobre las “amenazas” ante la deriva autoritaria, como señala ABC, del Gobierno de Pedro Sánchez. Esa deriva hace alusión a la separación de poderes y la independencia judicial.
La Comisión LIBE del Parlamento Europeo, como apunta ABC, ha aprobado un informe que identifica y condena prácticas que erosionan los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
Entre ellas, reformas legislativas con nombre y apellidos, dirigidas a proteger a personas del entorno político y personal del presidente del Gobierno. O comisiones parlamentarias creadas para desacreditar resoluciones judiciales, interfiriendo directamente en la separación de poderes.
Pero en especial, una Fiscalía encabezada por una persona imputada por el Tribunal Supremo, que continúa en el cargo bajo el amparo del Gobierno, comprometiendo la imparcialidad institucional.
“Estas no son advertencias teóricas ni debates doctrinales. Son hechos y el Parlamento Europeo ha tenido el valor político de señalarlos”, recalcó el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos.
Gracias a las enmiendas del PP, el informe denuncia cualquier reforma judicial ‘ad hominem’, es decir, dirigida a casos o personas concretas, por considerar que estas vulneran la igualdad ante la ley y la independencia judicial, dos pilares básicos del marco jurídico europeo, señala ABC.
Ministerio Fiscal como brazo del Gobierno
El informe parlamentario hace hincapié en la autonomía de la Fiscalía como pieza esencial en la lucha contra la delincuencia y la corrupción. En este sentido, reclama garantías claras que impidan la injerencia política en su funcionamiento, especialmente desde los gobiernos nacionales.
“No puede haber Estado de Derecho si el Ministerio Fiscal se percibe como un brazo del Gobierno y no garantiza la justicia imparcial. En España, la situación es especialmente grave: el Fiscal General del Estado está imputado por el Supremo. La mera continuidad en el cargo compromete la credibilidad de la institución y la confianza ciudadana en la justicia”, expuso Zarzalejos.
