Mientras la Eurocámara aprueba medidas drásticas para devolver a los irregulares, España avanza en dirección contraria y se desmarca de la tendencia
El Parlamento Europeo ha dado luz verde este jueves a un reglamento de retornos que permite la creación de centros de deportación de inmigrantes fuera del territorio de la Unión Europea. La medida, impulsada por una alianza entre Patriotas VOX y el Partido Popular Europeo (PPE) y Conservadores y Reformistas y los Patriotas, endurece significativamente el texto original de la Comisión Europea.
Entre las novedades destacan la posibilidad de enviar a estos centros a menores acompañados de sus familias, mayores sanciones para solicitantes de asilo rechazados que se nieguen a abandonar el bloque —incluyendo incautación de documentos, detención familiar y prohibiciones de entrada de por vida— y el reconocimiento mutuo de decisiones de retorno entre Estados miembros. Una orden dictada en España será automáticamente válida en Italia, y viceversa.
Deportaciones que no se cumplen
La aprobación responde a una realidad innegable: solo el 20% de las órdenes de deportación dictadas en la UE se ejecutan. El nuevo marco busca unificar y reforzar las normas vigentes desde 2008, en sintonía con el Pacto Europeo de Migración y Asilo que entrará en vigor en junio. Aunque no define países concretos ni aporta financiación, abre la puerta a externalizar los retornos, inspirándose en experiencias como las de Italia en Albania o Dinamarca en Ruanda.
El eurodiputado Javier Zarzalejos lo resumió con claridad: “No podemos avanzar en una política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se cumplen”. La reacción en España no se hizo esperar. En LA BANDERA lo hemos adelantado de forma urgente: “La Eurocámara aprueba crear centros de deportación de inmigrantes fuera del territorio de la Unión Europea”, acompañando el mensaje con una llamada a “deportaciones masivas, ya”.
España con Sánchez, a la contra
Sin embargo, mientras Europa endurece el paso, España camina en dirección completamente contraria. El Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido durante años una política de puertas abiertas, regularizaciones masivas y escasa ejecución de expulsiones, situándose entre los países con peores tasas de retorno del continente. Frente al “puño de hierro” que reclama la mayoría del Parlamento Europeo, el Ejecutivo español prioriza la integración y la acogida sin exigir reciprocidad ni control efectivo de las fronteras.
Mientras Bruselas busca credibilidad y eficacia, España se desmarca y convierte su territorio en un polo de atracción para la migración irregular. La brecha entre la voluntad europea y la práctica española es cada vez más evidente y pone en cuestión la coherencia del proyecto común. Pero la señal es clara: Europa ha elegido el camino de la firmeza.
