Marco de la Peña confía en el análisis del carril para conocer la verdad y pide recibir los datos de telemetría de las cajas negras de los trenes
El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha defendido con firmeza ante la Comisión de Investigación del Senado la gestión de la empresa en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que el pasado 18 de enero causó 46 víctimas mortales. «No se ha demostrado que haya habido mala praxis en Adif«, ha reiterado Marco, subrayando que todos los protocolos de mantenimiento preventivo se cumplieron escrupulosamente en el tramo afectado.
Durante su comparecencia, el directivo ha insistido en que cualquier defecto crítico detectado previamente fue corregido, mientras que los de menor gravedad quedaron bajo vigilancia constante.
Adif realizó inspecciones completas en la línea solo once días antes del siniestro, sin hallar fallos relacionados con el accidente, según el director de Tráfico de la entidad, Ángel García de la Bandera.
Marco ha cuestionado parcialmente el informe de la Guardia Civil, que apunta a una posible rotura del carril 22 horas antes, argumentando que una bajada de tensión puede deberse a múltiples causas y no solo a un fallo estructural.
Esperando pruebas de laboratorio
La empresa pública aguarda la autorización judicial para analizar cuatro muestras de carril en laboratorios especializados, pruebas que Marco califica como clave para «determinar la verdad».
«Las pruebas de laboratorio son las que van a determinar la verdad y pueden ser de todo tipo», ha declarado, confiando en que estos exámenes disipen dudas sobre la hipótesis principal: una rotura atípica de soldadura o carril. Adif ha solicitado además acceso a los datos de telemetría de las cajas negras para realizar su propia investigación interna.
El presidente ha rechazado tajantemente las demandas de dimisión del PP, afirmando: «No he hecho nada que por acción u omisión pudiera haber tenido algo con el accidente«.
Ha elogiado el trabajo de sus equipos y se ha comprometido a asumir responsabilidades si se detectan fallos, aunque pone el foco en mejorar protocolos preventivos. La Comisión de Investigación sobre la red ferroviaria, que también aborda el accidente de Gelida (Barcelona), continúa su labor en un clima de tensión política.
Presiones políticas
El siniestro ha puesto bajo lupa a Adif, criticada por fallos previos y cambios frecuentes en su presidencia –cuatro en siete años–, además de un expediente por presunto amaño de contratos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha garantizado máxima transparencia y defendido la seguridad de la red española. Mientras, el presidente de la CIAF, José María Barrón, apunta a Adif como responsable, describiendo el suceso como un «accidente fortuito con enorme mala suerte», comparable a una rueda reventada en carretera.
Adif confía en su aseguradora para mitigar responsabilidades, tras pérdidas de 193 millones en 2025. La sociedad exige respuestas claras ante una tragedia que ha conmocionado al país, mientras las familias de las víctimas aguardan justicia.
