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El Supremo anula 30,6 millones en subvenciones a dedo a UGT, CEOE y Cepyme

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El Gobierno usó un decretazo para su concesión directa, sin convocatoria pública, con la excusa del covid (dos años después de la pandemia) y de la guerra de Ucrania

El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, que reguló la concesión directa de subvenciones de 30,6 millones de euros, en el marco del Plan de recuperación financiado por la UE, a CEOE, CEPYME y UGT al no haberse acreditado circunstancias que impidiesen el procedimiento ordinario de convocatoria pública.

El Alto Tribunal ha considerado que invocar, como hace el RD, la crisis del Covid-19 y la guerra de Ucrania para obviar la convocatoria pública de las subvenciones carece de justificación, porque ya existía un desenvolvimiento ordinario de las actividades ciudadanas.

En otros términos, el Gobierno basó su decretazo para asignar a dedo los fondos en la existencia del Covid dos años después de la pandemia y en la guerra de Ucrania. Como esas circunstancias no impiden la convocatoria pública previsto en la Ley General de Subvenciones, se anuló el RD y los beneficiarios deberán devolver el dinero al ministerio de Trabajo.

Precedentes de subvenciones a dedo

El Supremo recuerda que un Real Decreto anterior, el 1104/2020, de 15 de diciembre, hizo una primera concesión directa de subvenciones a los mismos beneficiarios por idéntica cuantía dentro del mismo plan, pero el Alto Tribunal rechazó los recursos presentados al existir entonces circunstancias singulares, como la pandemia.

Sin embargo, el tribunal recalca que esas circunstancias no se daban ya dos años después cuando se aprobó el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, que estableció el mismo sistema de concesión directa de las subvenciones, por lo que estima el recurso planteado por la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES) y declara nulo el Real Decreto.

La sentencia del Supremo destaca que debió respetarse la Ley General de Subvenciones y la convocatoria pública allí regulada, sin supresión de los informes, consultas y dictámenes que prevé, sin perjuicio de que pueda establecerse una reducción de plazos en los mismos.

La Intervención Delegada alertó que ‘no consta la realización de las actividades subvencionadas’

El alto tribunal recoge en la sentencia un informe emitido por la Intervención Delegada sobre la concesión de la subvención, que en su momento señaló que no estaban suficientemente acreditadas las razones de interés público, social, económico o humanitario que dificultasen la convocatoria pública, ni resultaba coherente recurrir al RD por la urgencia.

La Intervención también señaló que “no se entiende que se puedan conceder nuevas subvenciones cuando no consta la realización de las actividades subvencionadas con la misma finalidad y beneficiarios, que tenían anticipado el pago del 50 % y como fecha límite para gastos subvencionables el 30 de junio de 2022 y para su justificación el 30 de septiembre de 2022.”.

Para el Supremo, “a tenor del antedicho informe, no puede reputarse ejemplar la ejecución del Real Decreto 1104/2020 respecto del que se pretende una continuidad”.

Por último, la sentencia indica que, si bien resulta evidente que los beneficiarios de la subvención se consideran “interlocutores sociales”, también lo es que no son los únicos interlocutores por lo que la atribución de “posición única” carece de justificación.

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