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El Supremo anula el Real Decreto de traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra

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La sentencia señala que la competencia fue siempre de la Guardia Civil, mientras que la Policía Foral de Navarra ejerció una función subordinada

El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto que transfería competencias de tráfico al gobierno regional de Navarra en una decisión que valida el recurso contencioso-administrativo que interpuso contra la medida la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL).

La sentencia analiza la normativa vigente en materia de tráfico y concluye que la competencia en esta materia ha sido siempre del Instituto Armado, mientras que la Policía Foral de Navarra ejerció una función subordinada. El traspaso de competencias pretendía atribuir a Navarra funciones que no le corresponden.

La sentencia argumenta que la Comunidad Foral de Navarra no tiene competencia en materia de tráfico y que su atribución mediante un Real Decreto no se ajusta a la legalidad. La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) no reconoce a Navarra esta competencia, y tampoco la ampara ese presunto derecho histórico.

Para que Navarra pueda asumir las funciones y servicios en materia de tráfico, precisa el Tribunal, se requiere una reforma de la LORAFNA, equivalente al estatuto de autonomía, o la aprobación de una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución.

El gobierno Foral reclamó la supuesta falta de legitimidad de JUCIL

El Supremo también rechaza la alegación de la Comunidad Foral de Navarra sobre la falta de legitimación de JUCIL para presentar el recurso, argumentando que la asociación tiene un interés legítimo en defender los derechos de los guardias civiles que se verían afectados por el traspaso de competencias.

El tribunal contesta que, “paradójicamente”, para deslegitimar a JUCIL, el gobierno foral: “sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los agentes afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas ‘en otros destinos geográficos‘, es decir, yéndose de Navarra o integrándose en la Policía Foral”.

Para el Supremo, “es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial”.

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