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El Supremo condena a prisión por los ERE a dueña de Acyco y sus compinches

A pesar del borrado de los ERE por el Tribunal Constitucional, no están afectadas cuatro disposiciones de fondos de la pieza separada ‘Acyco’

El Tribunal Supremo condena a penas de entre 2 y 4 años de cárcel a cinco acusados en la pieza Acyco del ‘caso ERE’ por delitos de malversación, prevaricación y falsedad. Los condenados deben indemnizar a la Junta de Andalucía con 743.158,28 euros.

En la causa resuelta ahora, relativa a las ayudas a trabajadores de la empresa Acyco (Aceitunas y Conservas) afectados por un ERE en el año 2003, el Supremo destaca que hay cuatro ayudas que no están afectadas por los recientes fallos del Tribunal Constitucional para el borrado de los ERE.

En su sentencia, el Supremo absuelve al exconsejero socialista de Empleo, Antonio Fernández, y al exdirector general de Trabajo, Juan Márquez, por doble enjuiciamiento, porque se les juzgó en el procedimiento principal del saqueo de los ERE.

Las condenas de la pieza Acyco

El TS condena a la expresidenta de Acyco, Encarnación Poto, a 4 años de prisión por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

La misma pena se impone al abogado del despacho Garrigues que asesoró las operaciones, José Miguel Caballero. Por su parte, a dos representantes de la mediadora de seguros Vitalia, que participó en la suscripción de las pólizas, se le imponen 3 años y 9 meses de cárcel.

Por último, se condena a 3 años y 6 meses de prisión a Gabriel Barrero, apoderado y director de recursos humanos de Acyco.

Empleados ficticios, facturas falsas y ayudas para el empleo para pagar abogados

Las cuatro disposiciones de fondos que quedan fuera del borrado de los ere del Constitucional son las siguientes:

Primera: empleados ‘intrusos’ de Acyco

La inclusión entre los beneficiarios de dos personas que nunca habían pertenecido a la plantilla de Acyco, que se incluyeron exclusivamente por la relación personal que mantenían con el entonces director general de Trabajo (ya fallecido), y que percibieron un total de 223.000 euros.

Segunda: factura mendaz

El abono de un supuesto adelanto efectuado por 7 socios de Acyco para el pago de las pólizas de prejubilación, justificando su abono mediante una factura mendaz que incluía pago de un IVA no soportado (243.600 euros).

Tercera: prestaciones y dietas

La inclusión en el ERE de Encarnación Poto, presidenta del Consejo de Administración de Acyco, que percibió las prestaciones relativas a su prejubilación por ser asegurada y beneficiaria de dos pólizas, obteniendo un total de 276.505,92 euros, que compatibilizó con las dietas por asistencia a los Consejos, por un total de 318.455 euros.

Cuarta: pagos de la minuta del abogado con ayudas falsas para el empleo

La concesión de una nueva ayuda para presuntamente mantener 144 puestos de trabajo, cuando en realidad, era para el abono de la minuta de José Miguel Caballero, el abogado del despacho Garrigues, por su intervención en los ERES.

La ayuda, de 109.620 euros, se concedió de antemano a través de una subvención excepcional, abonando la Junta 82.000 euros (75% del total) de los que el citado despacho recibió 80.000.

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