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El Supremo confirma la condena a seis sindicalistas por hostigar una pastelería de Gijón y provocar su cierre

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Perpetraron un delito continuado de coacciones graves por la campaña de hostigamiento y escraches contra el dueño de ‘La Suiza’ y su familia

El Tribunal Supremo (TS) confirma la condena a 3 años y medio de cárcel impuesta por un juzgado Gijón, ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias, a 6 sindicalistas por el delito continuado de coacciones graves por hostigar al dueño de una pastelería hasta provocar el cierre del negocio familiar. También deberán indemnizar con 125.428 € a la familia por los daños morales y los perjuicios económicos que provocaron.

La Sala considera acreditado que los 6 recurrentes vinculados al sindicato CNT participaron en una campaña de hostigamiento y de coacciones al propietario de la pastelería ‘La Suiza’ y a su familia. El empresario fue jefe de una de las condenadas, Olga P. R.

Para el TS, una actuación coercitiva rebasa con creces el ejercicio del derecho sindical, así como del de expresión -como pretendían las condenadas- pues Olga P. R. no acudió a la vía judicial para reivindicar sus derechos ante el empresario y eligió el hostigamiento al hostelero y su familia por no acceder a sus pretensiones económicas (afirmaba que le debía horas extras y vacaciones, a lo que añadió acusaciones de un supuesto acoso sexual).

El novio de la exempleada mantuvo un altercado con el empresario, le amenazó y provocó daños en la pastelería

Los hechos se remontan a junio de 2016 cuando la pareja sentimental de esta recurrente se presentó en el lugar de trabajo de su mujer y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.

La empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja dejó su empleo, entró en contacto con sindicalistas de CNT y se concertó con los acusados para iniciar una campaña de presión sobre el empleador y su familia.

La individua lo hizo con el doble objetivo de “obtener el mayor dinero posible de la extinción por ella pretendida de su relación laboral con ‘La Suiza’ y evitar la acusación” contra su pareja por los daños causados en el altercado que protagonizó en la pastelería.

Entre otros actos, las condenadas convocaban a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, pegaban carteles por la ciudad y entregaban pasquines criminalizando al empresario y llegaron a difundir un vídeo acusándolo de un supuesto acoso laboral y sexual.

Según resumió ‘La Nueva España’, entre el 9 de mayo y el 19 de septiembre de 2017 se organizaron doce escraches en la puerta de la pastelería, algunos con hasta 60 personas, y con el último acoso terminaron las movilizaciones “al haber conseguido uno de sus objetivos”: el cierre de ‘La Suiza’.

El cierre fue consecuencia directa del hostigamiento por no acceder a las pretensiones económicas de los sindicalistas

Los recurrentes, según el relato de hechos, incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la  pareja de ésta.

Las concentraciones ante la pastelería terminaron cuando la víctima decidió cerrar su negocio. Según la sentencia, fue la consecuencia directa de la presión constante, reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de las condenadas.

El TS subraya que “las intenciones de presionar al empresario para conseguir los fines previstos por los recurrentes” y que “la metodología llevada a cabo y que consta probada no integra un ejercicio de la libertad de expresión dentro del ejercicio de la libertad sindical”.

Señala que la conducta desplegada encaja en el el tipo penal de coacciones graves con una ejecución continuada, tal como demuestra la “actuación orquestada de los recurrentes que organizaron y llevaron a cabo la realización de las concentraciones reiteradas”.

No se juzga la actividad de los sindicalistas de la CNT, sino delitos concretos de personas concretas

No se juzga la actividad de una central sindical legal, indica la sentencia, “sino hechos concretos de unas personas que cometieron ilícitos penales por los que son condenados por concertarse y confabularse para presionar a un empresario cuando este lleva a cabo su actividad comercial y en las puertas de su establecimiento”.

Agrega que los hechos probados que son intangibles no suponen el ejercicio de la libertad de expresión, sino prácticas coercitivas impidiendo el ejercicio libre de una actividad comercial con presiones continuadas de los recurrentes.

Es falso que las concentraciones no interferían en la actividad laboral de la pastelería, o no afectaran a sus clientes

El tribunal aprecia continuidad delictiva en la preparación y diseño de las concentraciones de sindicalistas para impedir el libre ejercicio del comercio de la víctima y conseguir que cediera a las pretensiones de los recurrentes respecto a uno de los miembros de la organización en lugar de acudir a la vía habilitada en derecho, y no al uso del empleo de la vis compulsiva.

“No es cierto que la conducta llevada a cabo por los recurrentes no interfiriera en la actividad laboral del empresario, o no afectara a sus clientes, porque, aunque el establecimiento permanecía abierto mientras se producían las manifestaciones y concentraciones, la reiteración de los hechos en las fechas indicada llevó al cierre del negocio (…)”.

“Destaca la AP en su sentencia que la mera restricción de la libertad de obrar supone de hecho una violencia y por tanto una coacción, siendo lo decisorio el efecto coercitivo de la acción más que la propia acción. Esta utilización del medio coercitivo ha de ser adecuada, eficaz, y causal respecto al resultado perseguido”.

El tribunal señala que en este caso concurre un delito de coacciones graves por la tremenda presión a que los acusados sometieron al dueño del referido negocio y a los miembros de su familia.

La empelada no acudió a la vía judicial para reivindicar sus derechos ante el empresario y eligió el hostigamiento

“Añade la sentencia de la Audiencia Provincial que Olga P. R. “debió acudir a la vía judicial en reivindicación de sus derechos, y los ahora recurrentes debieron mantener sus protestas extrajudiciales dentro del ámbito de sus derechos, frente a su empleador; pero los rebasaron con creces (…)”.

“No se utilizó la vía judicial, en su caso, o extrajudicial, para conseguir los objetivos de orden laboral, sino el ejercicio de la presión por medio de las actuaciones de presión sobre la pastelería de forma reiterada, y ello con el fin de que claudicara el empresario ante las reivindicaciones de los recurrentes”.

Los escraches no son ejercicio del derecho de los sindicalistas ni del de expresión

Así, señala que los hechos probados describen “una actuación coercitiva” de los sindicalistas “que está lejos de suponer una manifestación del ejercicio del derecho sindical, así como del de expresión por parte de los recurrentes, ya que no se trata en los hechos probados de una actuación dirigida a postular la protección de los derechos laborales de un trabajador”.

Bien el al contrario, se trataba “de impedir el libre ejercicio de los derechos que tenía en este caso la persona que es acosada y a la que se impide el libre ejercicio de su actividad diaria en su comercio, como resulta de los hechos probados, siendo tan grave el acoso y presión ejercida que concluyó con el cierre del negocio.”

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