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El Supremo tumba 679 reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado por los cierres del confinamiento ilegal

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El TC indica expresamente que la inconstitucionalidad de los estados de alarma de Sánchez no supone el derecho al resarcimiento

El Supremo ha resuelto hasta el pasado 30 de marzo un total de 679 recursos de empresas que reclamaban la responsabilidad patrimonial del Estado por el perjuicio que les causó el cierre de sus negocios, oobligados por el confinamiento ilegal de Sánchez en la pandemia.

Hasta la fecha, todos los pronunciamientos de la La Sala de lo Contencioso-Administrativo son desestimatorios. Los argumentos son comuneas a los que la sala fijó en la primera sentencia en la que se rechazó el recurso del hotel Alhambra Palace.

En todas las sentencias del Supremo se recoge la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró la inconstitucionalidad de los Reales Decretos del estado de alarma de Sánchez.

Sin embargo, el TC subrayó expresamente que “de la declaración de inconstitucionalidad parcial de este RD no nace en el presente caso un derecho al resarcimiento por responsabilidad patrimonial fundado en dicha declaración”.

La inconstitucionalidad del confinamiento ‘no será por sí misma título’ para reclamaciones de responsabilidad patrimonial

“La inconstitucionalidad apreciada en la sentencia no será por sí misma título -así se afirma expresamente- para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial en las Administraciones Públicas” indica el Cosntitucional.

Pero, añade el TC, “sin perjuicio de lo dispuesto en el art 3.2 de la LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio”. El citado artículo indica lo siguiente:

“Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

El Constiucional evita que el Gobierno pague por obilgar a cerrar negocios de los ciudadanos

De los 679 asuntos, 256 se han resuelto por sentencia y los 423 restantes por auto o decreto por desistimiento de los recurrentes. Es decir, un 60% está desistiendo, mientras que el 40% restante mantiene los recursos con el objetivo de recurrir ante el TC, para lo que es necesario agotar previamente la vía de casación ante el Supremo.

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