Saltar el contenido

El Supremo inadmite la querella de Podemos contra los jueces García Castellón y Gadea por supuesto ‘lawfare’

Menos de 1 minuto Minutos

Se querellaron contra los jueces que reabrieron la causa de financiación ilegal de Podemos tras las revelaciones de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal

El Supremo ha inadmitido a trámite la querella presentada por Podemos a finales de noviembre contra el juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y el magistrado de dicho juzgado, Joaquín Gadea, al no apreciar indicios de las acciones relacionadas con el “lawfare” que les atribuían los querellantes.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal no apreció la existencia de los supuestos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos en relación con la reapertura de una investigación al partido y a sus cabecillas, por supuesta financiación ilegal, tras las revelaciones de un alto mando de la inteligencia venezolana, Hugo Carvajal.

Dictamen demoledor contra la querella de Podemos

Los querellantes de la formación de extrema izquierda argumentaban que el juez Manuel García Castellón reabrió la investigación basándose en las declaraciones de Hugo “El Pollo” Carvajal, ex director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, quien pretendía retrasar su extradición a EEUU.

La querella también afirmaba que la resolución judicial se basó en información obtenida de forma ilegal por agentes de policía que, en paralelo, filtraban el contenido y el resultado de las diligencias de investigación.

El instructor estaba obligado a investigar las revelaciones del ‘Pollo Carvajal’

Respecto a la información aportada por Carvajal, el Supremo considera que guardaba relación con el objeto de la instrucción de la AN por delitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito fiscal y blanqueo de capitales. En ese sentido, el instructor estaba obligado a investigar y verificar la veracidad de la información que se le transmitía.

Para el Supremo, tampoco parece injustificada en ese momento la declaración de secreto de sumario, con la que el Ministerio Fiscal estaba conforme, y rechaza la indefensión denunciada por Podemos, porque, de continuarse la investigación, hubiera terminado por levantarse el secreto.

No existe intención de faltar a la justicia en simple la lectura de resoluciones de la Audiencia Nacional

El tribunal recuerda que el supuesto delito de prevaricación judicial atribuido por Podemos “exige además la conciencia de estar dictando una resolución con total apartamiento del principio de legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles en derecho, y la ‘intención deliberada‘ de faltar a la justicia”.

Por tanto, resume la Sala, “conforme a lo expuesto y de la simple lectura de las resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, se desprende que dicho elemento subjetivo no está presente”.

No existen indicio de que los querellados filtrasen la investigación

Respecto al supuesto delito de revelación de secretos, el Alto Tribunal señala que “es evidente que se produjeron filtraciones de la investigación que se hicieron públicas a través de determinados medios de información”.

Sin embargo, “ni el querellante las atribuye de manera clara y terminante a los querellados, ni aparece indicio alguno de que ello fuera así. Ni los querellados fueron las únicas personas que tuvieron acceso a la información contenida en el procedimiento, ni aparece interés alguno en ellos de que tales filtraciones se produjeran”.

Además, concluye el Supremo, “Tampoco se les atribuye omisión alguna de determinada actividad que hubiera impedido las filtraciones”.

No existe delito de omisión de perseguir las filtraciones

Sobre el supuesto delito de omisión del deber de perseguir delitos, la Sala recuerda que se trata “de un delito de omisión pura en el que el sujeto activo es la autoridad o funcionario público que tenga entre sus atribuciones legales la de promover la persecución de los delitos y sus responsables”.

El auto, subraya que “en nuestro caso, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, la competencia objetiva para perseguir esas filtraciones no correspondía a los querellados, sino al Juzgado que resultara competente por razón de la materia y del territorio”.

El Tribunal señala que las filtraciones “tampoco resultaba claro que procedieran del sumario, teniendo en cuanta las particulares circunstancias del caso y la fuente originaria de la información”.

Deja tu respuesta