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El Supremo mantiene por 5 días la orden de detención al fugitivo Puigdemont

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El juez de Supremo, la sala que juzgó el procés y la instructora del ‘Tsunami’ piden a las partes que se pronuncien sobre los hechos amnistiables o no por la ley

Recién publicada en el BOE la amnistía de Sánchez a políticos que facilitaron su investidura, el magistrado del Supremo que instruye la causa del proceso separatista acaba de dictar una providencia que da 5 días de plazo a las partes implicadas para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la Ley a los hechos atribuidos al golpista fugitivo Puigdemont y sus compinches Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira.

El instructor también pregunta sobre la pertinencia de mantener las medidas cautelares acordadas contra los mencionados sujetos y ordena comunicar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que “continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención” y “deben proceder a su cumplimiento” mientras no se modifiquen o revoquen judicialmente.

Por su parte, el tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó la causa del procés y la magistrada Susana Polo, como instructora del ’caso Tsunami, han dictado otras dos providencias en las que dan traslado también a la Fiscalía y demás partes personadas para que presenten alegaciones a la aplicación de la Ley de Amnistía en sus asuntos respectivos.

Providencia de la juez del ‘caso Tsunami’

La magistrada instructora del ‘caso Tsunami’, ha trasladado a las partes personadas un plazo máximo de 10 días para que “informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma, conforme a los arts. 1 y 2 de la Ley, a los distintos hechos que en la causa se atribuyen a los investigados Carles Puigdemont Casamajó y Rubén Wagensberg Ramón”.

Providencia del Tribunal Supremo

La providencia del juez recuerda que la Ley de Amnistía establece los requisitos para exonerar de responsabilidad criminal delitos presuntamente perpetrados en el contexto del proceso independentista catalán, pero excluye ciertos supuestos (art.2).

La providencia subraya que “corresponde al poder legislativo el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnistía y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador”.

El instructor expone que, según el artículo 1 de dicha Ley, los órganos judiciales aplicarán la amnistía previa audiencia de la Fiscalía y de las partes, y que en la causa se acordaron medidas cautelares que la ley contempla como de urgente análisis y procede trasladar a las partes para que en cinco días presenten su informe.

El juez detalla que deben informar “sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados”, y “sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos”.

Les pide, además, prestar “una particular referencia a si los hechos se entienden comprendidos en las previsiones del art.1 de la Ley para los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos, así como si pueden considerarse excluidos del ámbito de aplicación de la Ley por la específica previsión del legislador recogida en su artículo 2.e”.

Providencia del tribunal de la causa del procés

En cuanto al tribunal de la Sala Penal del Supremo que juzgó y sentenció la causa del procés, ha dictado una providencia dando un plazo de 5 días al Ministerio Fiscal, la acusación popular y las defensas de los condenados Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, para formular sus alegaciones acerca de los efectos de la Amnistía sobre los delitos perpetrados por los citados individuos.

El informe, añade la providencia, deberá hacerse extensivo a las consecuencias derivadas de lo previsto en los arts. 1 y 2 de la Ley al regular los hechos amnistiables y sus exclusiones.

La Sala recuerda que la Ley señala que “sólo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal (…) cuando se declaró por resolución firme dictada por el órgano competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley”.

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