“La medida supone un incremento brutal y no cuantificado del gasto social”, ha alertado el europarlamentario de VOX Jorge Buxadé
El Tribunal Supremo ha rechazado este viernes la suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de migrantes solicitada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y VOX.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha tomado esta decisión tras una vista celebrada hoy en la que la Comunidad de Madrid,
VOX, HazteOír y otras organizaciones conservadoras pidieron paralizar el decreto aprobado en abril por el Gobierno central.
Según fuentes jurídicas, los magistrados han determinado que, aunque VOX y el Ejecutivo madrileño sí están legitimados para recurrir, no procede la suspensión inmediata del proceso. La argumentación completa se conocerá en los próximos días cuando se publiquen los autos.
Hasta el momento, 549.596 personas han solicitado acogerse a esta regularización extraordinaria, de las cuales 91.905 ya han sido admitidas a trámite.
El decreto permite regularizar a inmigrantes en situación irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026, acrediten al menos cinco meses de permanencia y carezcan de antecedentes penales, así como a solicitantes de asilo registrados antes de esa fecha.
Incremento brutal del gasto social
Durante la vista, los recurrentes alertaron de un supuesto «incremento brutal del gasto social«, señala el eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé. Y un posible «desbordamiento» de los servicios públicos, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde estiman que podrían regularizarse unas 255.000 personas.
Abogacía del Estado
Sin embargo, la Abogacía del Estado dijo que las personas en irregularidad ya tienen acceso a sanidad y educación, y que la medida busca la «integración efectiva» de personas con arraigo en España.
También se descartó un impacto inmediato en el censo electoral, ya que la regularización no concede la nacionalidad española, requisito necesario para votar en elecciones generales. Aunque sí es un primer paso.
La decisión del Supremo permite continuar con uno de los procesos de regularización más importantes y polémicos de los últimos años.
