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El Supremo se pronuncia contra la ‘supervisión’ de los jueces por otros ‘poderes del Estado’

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Filtrado el texto de la amnistía, el Supremo advierte de la ‘necesidad de preservar la independencia judicial desde todas las instituciones’

El Tribunal Supremo ha emitido esta mañana, tras la filtración del texto de la ley de amnistía, un comunicado en defensa de la separación de poderes y la independencia de los jueces frente a injerencias de “otros poderes del Estado” en su trabajo.

El supremo se une a los comunicados contra la amnistía de Sánchez a los delincuentes para obtener la investidura que hace días emitieron todas las asociaciones de jueces y fiscales, incluidas las progresistas, los tribunales superiores de justicia y los decanos de colegios de abogados, hasta el momento.

Presentada la amnistía con la única firma del PSOE

Sobre las 18:00 horas del lunes, el PSOE registró en el Congreso para su tramitación una ley de amnistía a los golpistas y sus compinches que les exonera de delitos -relacionados directa o indirectamente con el proceso separatista- cometidos entre el 1 de enero 2012 y ayer, 13 de noviembre de 2023. Aunque se trata de una proposición de Ley de grupos parlamentarios, la amnistía se ha registrado en solitario por los socialistas con única firma de Patxi López.

Comunicado del Alto Tribunal por la contra la fiscalización de los jueces

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, reunida en sesión ordinaria, por unanimidad:

1.- Recuerda que el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes.

2.- Afirma que el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley.

3.- Enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones. Ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado.

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