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El Supremo tumba la denuncia contra Ayuso por revelación de secretos

Denuncia contra Ayuso de una ex concejal del PP. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha archivado de forma definitiva la denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un supuesto delito de revelación de secretos. Los magistrados siguen el criterio de la Fiscalía y concluyen que los hechos denunciados no justifican la apertura de una causa penal.

La querella se basaba en la filtración a los medios de correos electrónicos enviados por una exconcejal popular de Móstoles “al entorno de la denunciada”. Estos mensajes contenían quejas internas que la edil había planteado en el PP antes de dimitir, tras denunciar un supuesto acoso sexual por parte del alcalde de la localidad, también de la misma formación.

Denuncia ‘sin referencia probatoria’ ni ‘episodios concretos’ de revelación de secretos

La exconcejala había elevado sus quejas internas en el PP de Madrid por el presunto acoso, pero al no recibir respuesta satisfactoria dimitió y sus correos llegaron a la prensa. Aun así, el alto tribunal considera que la mera mención al “entorno” de Ayuso no genera responsabilidad penal sin pruebas de su implicación directa.

El auto destaca que la denuncia “carece de episodios concretos” que puedan encajar en el delito de revelación de secretos y “El relato carece de toda referencia probatoria que permita iniciar la investigación”.

Además, la denunciante —un abogado— sólo aportaba reseñas periodísticas, algo que el Supremo califica de “por completo insuficiente” y que convertiría el procedimiento en una investigación prospectiva, expresamente prohibida.

Un archivo rotundo que cierra la vía penal

Esta decisión llega tras el informe favorable de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Los magistrados hacen suyo ese dictamen y subrayan la ausencia total de indicios que vinculen directamente a Ayuso con la difusión de los correos. De este modo, evitan abrir una instrucción basada únicamente en especulaciones mediáticas.

Este archivo blinda la posición de la presidenta madrileña, quien ha afrontado múltiples controversias en los últimos meses, y marca un límite claro a las querellas genéricas.

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