Están acusados de una presunta implicación en una trama de comisiones ilegales vinculadas a contratos de suministro de mascarillas
El Tribunal Supremo iniciará este martes el juicio oral contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, por su presunta participación en una trama de comisiones ilegales vinculadas a contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia de covid-19 en 2020. El juicio, considerado el primero derivado de esta investigación, se desarrollará en trece sesiones programadas entre el 7 y el 30 de abril.
Acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción acusa a los implicados de aprovechar la emergencia sanitaria para beneficiarse económicamente mediante adjudicaciones públicas, cobrando comisiones indebidas. En su escrito de acusación, el Ministerio Público atribuye a Ábalos delitos de:
- Cohecho
- Tráfico de influencias
- Malversación de fondos
- Organización criminal
- Falsedad documental
- Prevaricación
Por estos cargos, la Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, además de multas millonarias.
Para Koldo García, la petición asciende a 19 años y medio de cárcel, mientras que Víctor de Aldama afronta una condena de 7 años, menor debido a su colaboración con la justicia, considerada clave para la investigación. Por su parte, las acusaciones populares han solicitado penas de hasta 30 años para Ábalos y García.
Detalles de la presunta trama
Según la Fiscalía, los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando los acusados habrían utilizado la situación de urgencia sanitaria para promover contratos de adquisición de mascarillas a través de entidades públicas como Adif y Puertos del Estado. La acusación describe un “reparto de funciones”:
- Víctor de Aldama actuaba como intermediario empresarial.
- Ábalos y García facilitaban las adjudicaciones desde sus cargos públicos.
Se estima que el empresario habría obtenido más de 3,7 millones de euros en beneficios, parte de los cuales se habrían destinado a pagos periódicos a García, presuntamente para Ábalos. Estos pagos incluían dinero en efectivo, uso de inmuebles y condiciones favorables en contratos de alquiler.
Contrataciones irregulares y reclamaciones
El procedimiento también investiga la contratación de personas vinculadas al entorno del exministro en empresas públicas, sin evidencia de actividad laboral efectiva. Por estos hechos, la Fiscalía solicita indemnizaciones a las entidades públicas afectadas y el decomiso de ganancias ilícitas.
Postura de los acusados
Los tres acusados permanecen en prisión provisional desde noviembre por riesgo de fuga y han declarado su inocencia, solicitando la absolución. Las defensas cuestionan la veracidad de las declaraciones de Aldama y niegan la existencia de comisiones ilegales o irregularidades en los contratos.
Desarrollo del juicio
El tribunal estará compuesto por siete magistrados de la Sala de lo Penal y el juicio se realizará sin retransmisión pública. Se prevé la declaración de más de 80 testigos, incluidos políticos y directivos de empresas públicas, algunos por escrito.
