El TS decidirá si los indicios señalados por el juez tienen base delictiva para investigar por revelación de secretos a Álvaro García Ortiz
El instructor de la causa de la filtración de datos de la defensa del novio de Ayuso eleva al Supremo las diligencias al ver indicios de responsabilidad del fiscal general del Estado (FGE) designado por Sánchez, Álvaro García Ortiz.
En su auto, el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no puede seguir la investigación al gozar el imputado García Ortiz por su condición de aforado, y sólo el Supremo puede investigar los presuntos delitos de filtración de secretos que supuestamente se perpetraron desde el ministerio Público en cuya dirección le colocó Sánchez.
El instructor indica que en este momento procesal resulta necesario contrastar las versiones del FGE y los dos fiscales bajo su mando querellados por la víctima de las filtraciones: Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la fiscalía provincial de Madrid, y Julián Salto Torres, fiscal de Delitos Económicos de la citada fiscalía.
El juez del TSJM mantendrá la imputación de Pilar Rodríguez, mientras que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deberá decidir si los indicios señalados por el instructor tienen base delictiva para seguir la investigación contra el FGE García Ortiz.
Sobreseimiento de las actuaciones respecto al fiscal Salto, porque su intervención fue ‘instrumental’
En otra resolución, el magistrado acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto del fiscal querellado Julián Salto al entender que la investigación revela “sin mayor duda, que su actuación en relación a la elaboración de la Nota Informativa de la fiscalía provincial de Madrid fue meramente instrumental”.
La inhibición al Supremo se produce después de que el juez trasladase a las partes el escrito del FGE en el que asumía la responsabilidad de difundir la nota de prensa con datos de mails que intercambiaron el fiscal querellado, Julián Salto, y el abogado del novio de ayuso.
Tal y como recoge ‘Confilegal’, el magistrado precisa que no puede asumir la declaración institucional que García Ortiz realizó el 15 de abril pasado asumiendo la responsabilidad de la orden -a los dos querellados- de cometer el presunto delito ya que García Ortiz disfruta de aforamiento por razón de su cargo.
