La crisis por los impagos internacionales relacionados con las renovables de la era Zapatero acaba de provocar una imagen histórica para España. La justicia holandesa ya ha ejecutado el embargo del edificio del Instituto Cervantes en Utrecht y los acreedores preparan ahora su venta pública.
El inmueble, valorado en unos 10 millones de euros, ya ha sido tomado formalmente por representantes legales de los inversores afectados después de años reclamando compensaciones millonarias al Estado español.
La situación supone uno de los mayores golpes internacionales sufridos por España en plena batalla judicial por las primas a las energías renovables.
Holanda ejecuta el embargo y prepara la venta del edificio
La toma de control ya es efectiva.
Los acreedores han iniciado los trámites para sacar el inmueble a subasta pública tras lograr respaldo de los tribunales neerlandeses.
El edificio alberga actualmente la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, uno de los organismos culturales más representativos de España en el extranjero.
Pero ahora podría terminar en manos privadas.
La legislación holandesa permite mecanismos muy rápidos y contundentes para ejecutar embargos internacionales, especialmente cuando existen resoluciones judiciales firmes sin pagar.
Y España acumula ya años de derrotas judiciales fuera de sus fronteras.
El origen del conflicto está en las renovables de Zapatero
Todo se remonta al enorme sistema de primas aprobado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para impulsar las energías renovables.
Aquellas ayudas provocaron una avalancha de inversiones internacionales.
Pero después llegaron los recortes.
Con Mariano Rajoy en el Gobierno, España eliminó parte de esas primas de forma retroactiva y miles de inversores denunciaron al Estado ante tribunales arbitrales internacionales.
Desde entonces España acumula condenas multimillonarias por incumplimientos relacionados con esos cambios regulatorios.
Y muchos acreedores siguen sin cobrar.
Los acreedores ya amenazan con más embargos internacionales
El caso de Utrecht puede no ser el último.
Los fondos afectados aseguran que continuarán buscando activos españoles en países donde la justicia permita ejecutar embargos de forma rápida y efectiva.
Actualmente existen procedimientos abiertos en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur y Bélgica.
Solo en cuentas judiciales belgas permanecen retenidos unos 250 millones de euros relacionados con estos litigios.
Mientras tanto, el importe total pendiente de pago ya superaría los 2.300 millones de euros.
La presión internacional contra España sigue creciendo
La situación se ha agravado todavía más después de que la propia Administración estadounidense recomendara al Supremo de Estados Unidos rechazar los recursos presentados por España para intentar frenar algunas de las indemnizaciones.
Eso dejaría prácticamente blindadas varias sentencias favorables a los inversores.
El problema ya no es únicamente económico.
También afecta directamente a la imagen internacional de España y a la seguridad jurídica percibida por grandes fondos internacionales.
Y el embargo del Instituto Cervantes amenaza con convertirse en una fotografía muy incómoda para el Gobierno.
