Álvaro García Ortiz repite que no coopera con la Cámara Alta, aunque podría hacerlo, para no ‘alterar el normal funcionamiento’ de la Fiscalía
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a negarse este lunes a emitir el informe sobre la amnistía de Sánchez que le había vuelto a solicitar el Senado.
García Ortiz reiteró al presidente del Senado, Pedro Rollán, los argumentos de su anterior negativa, como que presuntamente carece de competencia para emitir informes sobre «proposiciones de leyes en tramitación parlamentaria».
Según García Ortiz, un informe sobre la emitido por el FGE supondría «alterar el normal funcionamiento de la institución, invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía española en su toma de decisiones».
La contestación del FGE se produjo tras recibir el pasado 27 de marzo otra petición al Consejo Fiscal para emitir un informe sobre la ley creada por Sánchez para amnistiar, a cambio de siete votos de investidura, diez años de delitos perpetrados por separatistas -y cerrar investigaciones en curso-.
El Consejo Fiscal es un ‘órgano de asistencia y asesoramiento del fiscal general del Estado’
El pasado enero, el fiscal general tampoco quiso cooperar con el Senado. El «obstáculo legal» para emitir el informe por parte del Consejo Fiscal no existía con la Fiscalía, pero García Ortiz se negó a hacerlo para no «alterar el normal funcionamiento de la institución» ante futuros litigios.
Según García Ortiz, el Consejo Fiscal sólo puede informar «de proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público».
El FGE añadió que el Consejo Fiscal no tiene» prevista legalmente su labor informante o consultiva en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento», porque es un «órgano de asistencia y asesoramiento del fiscal general«.
Finalmente recordó que no era posible colaborar con el Senado por «el objeto y la trascendencia jurídica» de la amnistía de Sánchez que, si finalmente entra en vigor «conllevará la fijación de criterios unitarios de actuación» de la Fiscalía.
