Abre diligencias, porque la UE adjudicó 111 millones para reformar el tramo del descarrilamiento que se saldó con 46 muertos en Córdoba
La Fiscalía Europea abrió una investigación para determinar si existió un uso fraudulento de los fondos comunitarios que la Unión Europea destinó a la renovación de la infraestructura ferroviaria en el tramo de Adamuz (Córdoba), donde un accidente causó la muerte de 46 personas el pasado 18 de enero.
Las pesquisas comenzaron apenas una semana después del accidente, cuando la Fiscalía Europea verificó que parte de esas obras se financiaron con dinero comunitario y detectó indicios de posible malversación en la conservación de la vía.
¿Qué se hizo con los fondos para renovar el tramo, los sistemas de control y la señalización?
El organismo comunitario asignó dos fiscales de su delegación en España a la causa y ya reclamó información tanto a ADIF como al Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro, que instruye el procedimiento principal sobre el siniestro.
Bruselas concedió el 25 de junio de 2024 una ayuda superior a los 111 millones de euros con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para sustituir raíles y traviesas en esa conexión, que consideraba obsoleta en comparación con el resto de la red de alta velocidad española. Además, aprobó otra subvención destinada a mejorar los sistemas de control, mando y señalización.
Indicios de irregularidades en la documentación y el material
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sostiene que una soldadura defectuosa, que conectaba un carril fabricado en 1989 con uno nuevo, pudo provocar la tragedia.
Las indagaciones transcurren en paralelo a la instrucción judicial en Montoro, donde la principal hipótesis apunta al mal estado de la vía como causa del descarrilamiento. La Guardia Civil remitió un informe que señala incongruencias en la documentación enviada por Ayesa, la empresa responsable de supervisar la instalación de las soldaduras.
Óscar Puente se niega a entregar la documentación
La Guardia Civil también denunció que ADIF retiró material clave para la investigación sin autorización judicial. El parte inicial indicaba que se utilizó una aleación de baja calidad en el punto del accidente, aunque ADIF lo modificó el 29 de enero admitiendo un error.
Ese mismo día, el ministro de Transportes, el tuitero Óscar Puente, compareció en el Senado y rechazó entregar documentación relacionada con el siniestro, recuerda The Objective.
