El fraude sistemático en la identificación de los inmigrantes que llegan a España ha vuelto a quedar al descubierto con datos oficiales alarmantes. En el País Vasco, los resultados de las recientes pruebas médicas de determinación de la edad han revelado que uno de cada tres supuestos menores extranjeros no acompañados (menas) es, en realidad, una persona mayor de dieciocho años. Según informa OkDiario, este porcentaje de engaño evidencia una vulnerabilidad extrema en los protocolos de acogida y un uso fraudulento de los recursos públicos destinados a la infancia.
Muchos de estos inmigrantes, plenamente adultos, se hacen pasar por menores para beneficiarse de la protección jurídica y de las generosas ayudas económicas y de vivienda que las instituciones vascas reservan para los menores de edad. Este fraude no solo supone una burla a la ley española, sino que desvía ingentes cantidades de dinero público que debería destinarse a la protección real de los niños y adolescentes más vulnerables.
El fraude masivo en la identificación de los inmigrantes
La estrategia de deshacerse de los documentos de identidad para alegar minoría de edad es una práctica habitual recomendada a menudo por las mafias del tráfico de personas. Tal y como publica OkDiario, las pruebas oseométricas y dentales realizadas por los servicios médicos forenses están demostrando que la apariencia física de muchos de estos «niños» se corresponde en realidad con la de hombres adultos. Este engaño masivo pone en entredicho la credibilidad de un sistema de asilo que parece premiar la mentira sobre la legalidad.
El problema no es solo económico, sino de seguridad. Al ser registrados como menores, estos adultos conviven en los mismos centros con adolescentes reales, generando conflictos de convivencia y situaciones de riesgo que los educadores sociales llevan tiempo denunciando. La mezcla de adultos con menores bajo un mismo paraguas de protección es una irresponsabilidad administrativa que el Gobierno Vasco debe atajar con la máxima firmeza y celeridad.
Un despilfarro de recursos destinados a la protección infantil
El coste de mantener a un menor extranjero en el País Vasco es uno de los más altos de toda España, incluyendo alojamiento, manutención, formación y paga mensual. Como apunta la noticia de OkDiario, descubrir que el treinta por ciento de estos recursos se está destinando a personas que han mentido sobre su edad supone un escándalo de gestión de fondos públicos. El contribuyente vasco tiene derecho a exigir que sus impuestos se utilicen con rigor y que no se financie la estancia de adultos que deberían estar sujetos a la ley de extranjería ordinaria.
La falta de controles estrictos en el momento de la llegada permite que el fraude se perpetúe durante meses o incluso años hasta que se realizan las pruebas de edad definitivas. Es imperativo que estas pruebas biológicas sean obligatorias y se realicen de forma inmediata tras la detección de cualquier duda razonable, evitando así que el sistema de protección de menores se convierta en una puerta trasera para la inmigración ilegal de adultos.
La necesidad de controles biológicos rigurosos en frontera
España no puede permitirse seguir siendo el destino preferente de quienes utilizan el fraude de la edad como salvoconducto para la residencia. Los datos del País Vasco son solo un ejemplo de una realidad que se repite en otras comunidades autónomas. La firmeza en la determinación de la edad y la expulsión inmediata de quienes intenten engañar a las instituciones deben ser las bases de una política migratoria seria y responsable que proteja el Estado de Bienestar.
Proteger a los menores es una obligación moral, pero consentir el engaño de adultos es una debilidad institucional que solo fomenta el efecto llamada. Las instituciones deben recuperar el control y asegurar que cada euro destinado a la protección social llegue a quien realmente tiene derecho a él, cerrando definitivamente la puerta a quienes pretenden vivir del esfuerzo de los españoles mediante la mentira y el fraude administrativo.
