El Gobierno volvió a recurrir en 2025 a una maniobra presupuestaria que ya había generado críticas en Bruselas y en el Tribunal de Cuentas. Ante la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo desvió otros 8.500 millones de euros inicialmente reservados para proyectos financiados con fondos europeos hacia el pago de pensiones, el Ingreso Mínimo Vital y otras partidas sociales.
La operación afecta directamente a programas vinculados a la transición energética, la industria o la movilidad eléctrica. Dinero que debía impulsar cargadores eléctricos, renovables o proyectos industriales acabó financiando gastos corrientes del Estado.
Y el volumen empieza a ser difícil de ignorar. Sumando las cantidades detectadas en 2024 y 2025, la reasignación supera ya los 10.000 millones de euros.
Pensiones pagadas con dinero pensado para coches eléctricos
Uno de los movimientos más llamativos se produjo el 8 de julio de 2025. Ese día, el Consejo de Ministros aprobó una transferencia de 2.984 millones de euros para reforzar la Seguridad Social y cumplir con el llamado Pacto de Toledo.
El problema era encontrar el dinero sin nuevos Presupuestos.
La solución llegó mediante bajas masivas en partidas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Entre los proyectos afectados aparecen ayudas para puntos de recarga eléctrica, incentivos a vehículos eléctricos, almacenamiento energético y energías renovables innovadoras.
Es decir, programas diseñados para modernizar la economía española terminaron cubriendo gastos estructurales del sistema público.
El Ingreso Mínimo Vital también absorbió fondos industriales
Otro de los grandes movimientos fue el destinado al Ingreso Mínimo Vital.
El Ejecutivo aprobó 1.300 millones de euros adicionales para financiar esta prestación. Para conseguirlos, Hacienda retiró casi 1.000 millones de proyectos estratégicos vinculados a la transición industrial.
También desaparecieron fondos destinados a competencias digitales para comunidades autónomas, proyectos de economía circular e incluso parte del presupuesto reservado para sistemas de predicción de calidad del aire en el Centro de Supercomputación de Barcelona.
La prioridad pasó a ser cubrir gasto social inmediato aunque eso implique retrasar inversiones estratégicas comprometidas con Bruselas.
El Tribunal de Cuentas pone el foco en la legalidad de la maniobra
La polémica no es solo política. También jurídica.
El Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2024 que Hacienda no había justificado adecuadamente la base legal de estas modificaciones presupuestarias. Algunos consejeros consideran directamente que la práctica vulnera la normativa de prórroga presupuestaria.
La clave está en que los créditos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tenían un destino concreto y no deberían utilizarse para otros programas ajenos al plan aprobado por la Unión Europea.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda sostiene justo lo contrario. Su argumento es que la ley no impide utilizar créditos sobrantes de fondos europeos para financiar otras necesidades del Estado si esos proyectos aún no iban a ejecutarse.
Bruselas mira con preocupación el retraso en los fondos europeos
Detrás de todo esto hay otro problema de fondo que el Gobierno evita destacar. España sigue acumulando retrasos importantes en la ejecución real de los fondos europeos.
Muchos proyectos todavía no han arrancado completamente y eso permite liberar partidas temporalmente para otros usos. El Ejecutivo defiende que más adelante se volverán a activar y que el Plan de Recuperación acabará cumpliéndose.
Pero cada nuevo desvío aumenta las dudas sobre la capacidad real de ejecutar las inversiones prometidas.
Mientras tanto, sectores industriales y energéticos empiezan a denunciar que las ayudas llegan tarde o directamente quedan congeladas.
La falta de Presupuestos dispara la ingeniería financiera
La situación tiene un origen claro. España sigue funcionando con Presupuestos prorrogados desde 2023.
Eso limita enormemente la capacidad del Gobierno para crear nuevas partidas de gasto y obliga a buscar fórmulas alternativas para financiar decisiones políticas que sí siguen aumentando cada año, especialmente en pensiones y ayudas sociales.
El resultado es una ingeniería financiera cada vez más agresiva.
Primero fueron 2.389 millones detectados en 2024. Después llegaron otros 8.500 millones en 2025. Y todavía existen dudas sobre otros 3.000 millones destinados a pensiones de funcionarios que podrían haber seguido el mismo camino.
La transición energética pierde velocidad
El efecto más visible de esta práctica aparece ahora en proyectos estratégicos que avanzan mucho más lento de lo previsto.
Programas para movilidad eléctrica, transición industrial, energías renovables o digitalización están viendo cómo parte de sus fondos desaparecen para cubrir gasto corriente.
Y eso ocurre justo cuando Europa exige acelerar la transformación económica para competir con Estados Unidos y China.
La pregunta ya no es solo si la maniobra es legal. La verdadera cuestión es cuánto tiempo puede sostenerse un sistema que usa fondos de inversión futura para pagar necesidades presentes.
