La Comunidad de Madrid anuncia acciones legales por traslados irregulares de menores con familia en otras regiones, que ya tienen arraigo e incluso empleo
El Gobierno traslada menas por sorpresa a Pinto ante el estupor de los vecinos. De forma unilateral y sin informar al municipio afectado, el Gobierno socialcomunista instaló un centro de acogida para menores no acompañados en Pinto, municipio gobernado por el PP.
Fuentes municipales confirmaron a El Español que se enteraron de la apertura a través de los propios vecinos de la zona, y el Ayuntamiento expresó su profundo malestar ante esta decisión unilateral.
Ni se molestaron en valorar el impacto en los recursos del Ayuntamiento o en la seguridad pública
La casa de acogida, gestionada por una entidad privada en un domicilio particular y financiada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se puso en marcha sin que el consistorio participara «en ningún momento» en la evaluación de los recursos disponibles ni en la valoración del impacto sobre los servicios públicos, la convivencia o la seguridad.
Escudándose en la titularidad estatal del centro -y la previsible oposición vecinal- para no informar a un consistorio donde no gobierna la izquierda, el Gobierno central tampoco tuvo en cuenta que recae precisamente en el Ayuntamiento de Pinto la prestación de servicios educativos o sanitarios que necesiten los MENAS que decidió trasladar.
Irregularidades que ponen en alerta a Ayuso
La Comunidad de Madrid mantiene su rechazo a nuevos traslados desde otras autonomías a centros de su competencia, alegando falta de cobertura legal y diversas irregularidades.
La consejera de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, detalló en una carta que la región detectó casos de menas trasladados pese a tener familiares en otras regiones, arraigo previo e incluso empleo, además de otras situaciones tan inconcebibles como que el Estado separó hermanos durante el proceso.
Estas situaciones, según advierte Dávila, han generado escenarios de vulnerabilidad que cuestionan la eficacia del mecanismo. La consejera insta al Ejecutivo central a cesar estos traslados y advierte que, si continúan, la Comunidad ejercerá «todas las acciones legales necesarias en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente».
