Trabajo obliga externalizar un servicio de prevención especializado en controlar vigilar riesgos psicosociales
El Gobierno de Sánchez aprobó una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que obliga a las pymes y los autónomos con empleados y a incluir la salud mental dentro de su gestión preventiva. La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo, exige evaluar los riesgos psicosociales de forma sistemática e introduce nuevos mecanismos de control que elevan tanto la carga documental como los costes operativos de los pequeños empleadores.
Los autónomos deberán actualizar sus planes de prevención
La principal novedad de la reforma es que incorpora expresamente los riesgos psicosociales como parte obligatoria de la prevención laboral, algo que hasta ahora no era habitual en una microempresa. En la práctica, esto significa actualizar el plan de prevención mediante evaluaciones realizadas por personal sanitario del servicio de prevención correspondiente. La participación del trabajador en estas pruebas es voluntaria, y la empresa tampoco tendrá acceso a los datos clínicos obtenidos.
El impacto en el día a día también será significativo, ya que el autónomo deberá estar atento a cambios de comportamiento o a un absentismo repetido, sin por ello vulnerar la privacidad de sus empleados. La normativa añade además un componente organizativo que obliga a integrar pausas, ritmos de trabajo adecuados y medidas reales de desconexión digital.
Multas de hasta 49.180 euros por incumplimiento
El impacto económico preocupa especialmente a los pequeños empleadores, obligados contratar servicios de prevención especializados en salud mental y asumir una mayor exigencia documental.
La reforma introduce también la figura del delegado territorial, un agente externo sin capacidad sancionadora directa que podrá visitar las pymes para supervisar el cumplimiento de la normativa. Sus actuaciones sí pueden derivar en una inspección formal, lo que añade una nueva capa de presión sobre unos negocios que, hasta ahora, centraban su prevención casi exclusivamente en los riesgos físicos.
A ello se suma el riesgo de sanciones: el régimen sancionador vigente ya contempla multas por infracciones graves de hasta 49.180 euros, a las que pueden añadirse recargos en prestaciones si se acredita responsabilidad empresarial en bajas por causas psicológicas, según recuerda el digital Autónomos y Emprendedores.
