También creará la Unidad Extremeña de Verificación de fraudes en prestaciones y el padrón para desmantelar las mafias de los ‘pisos patera’
‘Ni un euro público’ a ONGs promotoras de inmigración ilegal. El Acuerdo de Gobierno PP-VOX en Extremadura al que ha tenido acceso LA BANDERA incluye puntos innovadores en materia de lucha contra la inmigración ilegal, contra el fraude en las prestaciones y contra la «dilución de la cultura y la identidad españolas» en favor de las foráneas islámicas.
Desde el primer presupuesto del Gobierno de coalición, la Junta de Extremadura no destinará «ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada» de la inmigración ilegal, indica el documento.
En ese sentido, el acuerdo contempla la supresión total de subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades «que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas.
Auditoría pública anual de gastos vinculados a la inmigración masiva
al final de cada ejercicio, se llevará a cabo una «auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva, con el objetivo de evitar destinar dinero público a organizaciones dedicadas al tráfico de personas tanto en origen como en destino, o que tengan como negocio principal la inmigración».
La Junta de Extremadura pondrá el máximo celo en esto y hará pública una auditoría anual que así lo acredite, añade el acuerdo de coalición.
Se creará la Unidad Extremeña de Verificación de fraudes en prestaciones y el padrón
Antes de marzo de 2027, se creará una Unidad Extremeña de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva como «para combatir el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales».
«La Unidad tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados
pisos patera.»
Las funciones principales de la Unidad serán detectar empadronamientos ficticios, verificar la residencia efectiva y coordinarse con ayuntamientos y activar inspecciones ante indicios de fraude.
Prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos
También antes de finales de año, dentro de sus competencias, la Junta prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos «por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia2.
El documento añade que «No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta
nuestra sociedad.
Deja de enseñarse árabe y cultura marroquí en escuelas públicas extremeñas
Otro punto de aplicación inmediata, como máximo hasta septiembre de 2026, será la supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí
(PLACM) en los centros de Educación Primaria y Secundaria de la región.
«Asimismo, mostramos un rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad, usos y costumbres«, subraya el acuerdo.
Reforma del padrón municipal para combatir la ocupación ilegal
Para finales de este año, el acuerdo incluye la reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal, en concreto, se exigirá al Gobierno de España modificar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local para impedir el uso fraudulento del padrón municipal.
En particular, se promoverá que la inscripción en el padrón de personas que carezcan de título habilitante de ocupación de la vivienda —o documentación equivalente— sea considerada nula de pleno derecho, sin que pueda constituir prueba de residencia ni generar acceso a derechos o prestaciones.
En ese sentido, también se impulsará una proposición de ley en las Cortes Generales.
