El Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado una fuerte polémica tras confirmar que los refugiados ucranianos acogidos en España por la guerra no podrán acceder al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Ministerio de Inclusión.
La controversia explotó después de que la cuenta oficial del ministerio publicara un mensaje en X donde aclaraba:
“¿Llegaste a España por el conflicto en Ucrania con protección temporal? El proceso de regularización extraordinaria NO es para ti”.
La publicación generó miles de críticas en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron que el Ejecutivo excluya a personas que huyeron de la guerra mientras abre la puerta a regularizar inmigrantes con antecedentes policiales.
El Gobierno permitirá regularizaciones con antecedentes policiales
La reforma del Reglamento de Extranjería publicada en el BOE establece que “la existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización”.
Es decir, un inmigrante podrá acceder a la regularización extraordinaria aunque aparezca en bases policiales, siempre que la Administración considere que no representa “una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública”.
El procedimiento dependerá de un análisis individualizado de cada expediente.
La UTEX decidirá caso por caso
La tramitación quedará en manos de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Inclusión. Los funcionarios deberán solicitar informes policiales, antecedentes penales y comprobaciones en bases de datos europeas antes de resolver cada expediente.
Sin embargo, el propio reglamento aclara que los antecedentes policiales no implicarán automáticamente una denegación. La norma obliga a realizar una valoración “casuística y circunstanciada”. Es decir, el Gobierno estudiará cada caso de manera individual.
Fuentes del Ministerio de Inclusión aseguraron a El Mundo que el Ejecutivo ha “dimensionado el operativo y la capacidad de gestión” para tramitar masivamente los expedientes y que están “preparados” para aplicar el proceso de forma “ágil” y “en plazo”.
Qué son los antecedentes policiales
Los antecedentes policiales no equivalen necesariamente a condenas judiciales firmes. Estos registros incluyen identificaciones, denuncias, investigaciones o detenciones practicadas por Policía Nacional o Guardia Civil.
Pueden aparecer relacionados con peleas, altercados, conflictos domésticos o conducciones bajo efectos de alcohol o drogas, incluso sin sentencia condenatoria. Precisamente este detalle ha disparado la polémica política y social sobre el alcance real de la regularización extraordinaria.
Los refugiados ucranianos quedan fuera
Mientras tanto, el Gobierno excluye expresamente a los ciudadanos ucranianos acogidos en España tras la invasión rusa.
El Ministerio de Inclusión sostiene que estos refugiados ya cuentan con un sistema específico de protección temporal aprobado por la Unión Europea y que, por tanto, no necesitan acogerse al nuevo proceso extraordinario. La aclaración aparece recogida tanto en la documentación oficial como en la campaña informativa lanzada por el propio ministerio en redes sociales.
Marruecos figura entre los colectivos más beneficiados
Diversos análisis sitúan a los ciudadanos marroquíes entre los principales beneficiarios potenciales de la regularización impulsada por el Gobierno. Algunas estimaciones calculan que entre 70.000 y 100.000 marroquíes podrían acogerse al procedimiento extraordinario. Además, Marruecos lideró durante el último año las adquisiciones de nacionalidad española, según datos oficiales del INE.
La elevada presencia marroquí en los procesos de regularización y nacionalización ha intensificado todavía más el debate político sobre la política migratoria del Ejecutivo.
Críticas de la oposición y sindicatos policiales
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó duramente la medida y aseguró:
“No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país”.
Sindicatos policiales también cuestionaron el nuevo sistema y advirtieron de posibles riesgos para la seguridad. Por su parte, el Gobierno rechaza las críticas y sostiene que ningún expediente se aprobará automáticamente. La ministra Elma Saiz insiste en que cada caso incluirá controles individualizados y comprobaciones de seguridad antes de conceder cualquier autorización de residencia.
Más de medio millón de inmigrantes podrían beneficiarse
El Ejecutivo calcula que la regularización extraordinaria podría beneficiar a más de 500.000 inmigrantes en situación irregular. El plazo para presentar solicitudes ya está abierto y finalizará el próximo 30 de junio.
Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en redes sociales tras el mensaje del Ministerio de Inclusión excluyendo a los refugiados de Ucrania del proceso extraordinario impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
