La tensión dentro de la Guardia Civil ha explotado definitivamente. Mandos del Instituto Armado han cargado duramente contra Mercedes González después de que el juez Santiago Pedraz la situara en el foco de la investigación sobre la trama vinculada a Leire Díez.
Y la frase que ya circula entre altos cargos del cuerpo refleja hasta qué punto ha llegado el malestar interno:
“La UCO nos está salvando la vida”.
Las palabras llegan tras conocerse el contenido del auto judicial que investiga las maniobras presuntamente impulsadas desde el entorno socialista para desacreditar y presionar a agentes, jueces y fiscales implicados en causas sensibles para el PSOE.
El juez apunta a movimientos contra la UCO
Según el auto de Pedraz, la trama vinculada al caso Leire habría impulsado actuaciones destinadas a “amedrentar” y sembrar sospechas sobre agentes de la UCO.
Y en ese contexto aparece mencionada la directora general de la Guardia Civil.
La investigación sostiene que Mercedes González habría abierto dos informaciones reservadas tras la publicación de mensajes entre José Luis Ábalos y Koldo García.
Aunque aquellos expedientes no derivaron finalmente en sanciones, el gesto provocó una enorme tensión dentro de la unidad de élite de la Guardia Civil.
“Si el PSOE pudiera se cargaría la UCO”
Las declaraciones internas recogidas tras conocerse el auto judicial son demoledoras.
Mandos del cuerpo aseguran que existe un “hartazgo absoluto” con la actual dirección de la Guardia Civil y consideran que la UCO se ha convertido en el principal muro frente a las presiones políticas.
“Si el PSOE pudiera, se cargaría la UCO”, aseguran fuentes internas citadas en la investigación periodística.
La sensación dentro del cuerpo es que las pesquisas sobre corrupción relacionadas con el entorno socialista han colocado a la unidad en el centro de una guerra interna sin precedentes.
La figura de Mercedes González divide a la Guardia Civil
El malestar alrededor de Mercedes González viene de lejos.
Su nombramiento como directora general en 2024 ya generó fuertes recelos dentro del Instituto Armado por su estrecha vinculación política con el PSOE.
Muchos mandos nunca vieron con buenos ojos que compatibilizara durante meses el cargo con la Secretaría General del PSOE de Madrid.
Y ahora el caso Leire vuelve a disparar todas las alarmas internas.
Porque el juez considera que determinadas actuaciones pudieron contribuir a aumentar la presión sobre agentes que investigaban casos sensibles para el Gobierno.
La guerra interna alrededor de la UCO
Otro de los nombres que aparece señalado por los mandos es el del general Manuel Llamas.
Fuentes internas aseguran que existe una relación extremadamente tensa entre la dirección política del cuerpo y la cúpula de la UCO.
Especialmente por las supuestas presiones para conocer información sobre investigaciones que afectan al entorno de Pedro Sánchez y al PSOE.
Los mandos denuncian “intromisiones constantes” para intentar acceder a detalles protegidos por secreto judicial.
Y eso ha provocado un clima interno que muchos califican ya de insostenible.
El juez habla de una estrategia organizada
El auto de Pedraz describe una operación mucho más amplia de lo que inicialmente parecía.
Según la investigación, los implicados habrían recopilado información personal y reservada sobre mandos de la UCO con el objetivo de encontrar material comprometedor que permitiera neutralizarlos.
Además, la trama habría impulsado denuncias públicas y campañas mediáticas para desacreditar a la unidad, utilizando incluso el término “UCO patriótica” para sembrar dudas sobre su imparcialidad.
Todo ello mientras avanzaban las investigaciones sobre corrupción que afectaban al entorno socialista.
El caso Leire ya golpea directamente al Estado
Lo que comenzó como una polémica alrededor de unos audios y reuniones discretas ha terminado convirtiéndose en una investigación que amenaza con afectar a las estructuras más sensibles del Estado.
Porque ahora ya no se habla únicamente de corrupción política.
Se habla de presuntas operaciones para intimidar a investigadores, controlar información sensible y desacreditar a quienes seguían el rastro judicial de determinados casos.
Y dentro de la Guardia Civil muchos creen que la UCO se ha convertido en el último gran dique frente a esas presiones.
