‘Lo que hace aún más escandaloso este movimiento es que se hizo a escondidas: sin el Congreso, sin declaraciones, sin que nadie lo votara’
La asociación cívica Hazte Oír (HO) ya logró llevar al Supremo la regularización masiva de Sánchez, pero la situación es aún más urgente, si cabe, porque, según un documento interno que divulgó un sindicato de funcionarios de prisiones, el Gobierno dio instrucciones a las cárceles para facilitar la regularización de los presos extranjeros.
HO subraya en un comunicado de prensa que la medida, que ni se anunció oficialmente ni se sometió a debate público, podría beneficiar a miles de reclusos que aún no tienen condena firme.
Ignacio Arsuaga añade en su comunicado, que «es la confirmación de que Sánchez está acelerando la regularización por todos los frentes posibles, quiere que todo el mundo inicie los trámites por si le tumbamos la norma en el Supremo».
Una instrucción sin debate ni votación
«Lo que hace aún más escandaloso este movimiento es que se ha hecho a escondidas: sin el Congreso, sin declaraciones, sin que nadie lo votara», indica la nota de prensa.
HO precisa que los propios funcionarios denuncian que el Gobierno actúa «con celeridad» para beneficiar a los reos extranjeros mientras ignora las advertencias de la Policía sobre los riesgos de este tipo de decisiones.
La asociación prevé que, si gana el litigio, impedirá que se conceda la regularización a medio millón de personas o más, además de garantizar que los presos extranjeros condenados por delitos sean expulsados del país.
España tiene actualmente más de 15.000 presos extranjeros, lo que representa el 30% de toda la población reclusa, con una mayoría procedente de Marruecos y Argelia, alerta HO.
Batalla legal larga y costosa contra la Abogacía del Estado
El Tribunal Supremo ya admitió el recurso presentado por Hazte Oír para invalidar la regularización, y el Gobierno tiene un plazo de 17 días para entregar la documentación requerida por el tribunal.
En este contexto, concluye HO, la batalla en los tribunales contra la Abogacía del Estado se prevé larga y costosa, por lo que inicia una campaña de recaudación de fondos para que la ciudadanía pueda colaborar en la acción legal que detenga las pretensiones de Sánchez.
