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Hungría y otros siete países logran bloquear la aprobación de la ley de Restauración de la Naturaleza

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La ministra Ribera, encargada de aplicar la ley contra el campo español, tacha de ‘enorme fracaso’ para la UE ‘no tener un compromiso de restauración de la naturaleza’

Cuando sólo faltaba una ratificación protocolaria para la aprobación definitiva de la Ley de Restauración de la Naturaleza, el gobierno patriota húngaro, encabezado por Viktor Orban, ha sumado una minoría de bloqueo a la norma junto a Italia, Holanda, Suecia, Finlandia, Polonia, Austria y Bélgica.

De forma similar al bloqueo en el último momento de la prohibición de los coches con motor a punto de ser aprobada, un cambio de postura de Hungría ha permitido parar la tramitación el pasado lunes de la ley que tenía en pie de guerra a los agricultores europeos a tres meses de las elecciones para renovar la Eurocámara.

En ese sentido, la presidencia europea belga afirmó que trabajará durante las próximas semanas “para encontrar posibles soluciones” y desbloquear una ley “todavía viva“.

La Eurocámara respaldó la ley el pasado febrero y dejó al sector primario europeo pendiente del progresista golpe de gracia para su extinción en favor de terceros países. La norma se aprobó por 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones.

Si bien el bloque izquierdista votó al unísono favor de la Ley, el PP europeo diversificó su voto hasta el punto que 27 eurodiputados populares ni siquiera participaron, lo que deparó el citado escrutinio.

Una Ley carente de criterio técnico para beneficiar a los países no productores de la UE

Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, detalló que “bajo el falso debate sobre la protección del medioambiente en Europa, realmente lo que se está haciendo, de manera descarada e intencionada, es buscar la reducción de la producción agraria para beneficiar las exportaciones de bienes industriales, tecnológicos y de servicios de algunos países europeos”.

Aguado desmontó la falacia ecologista de la citada protección medioambiental, porque la Ley de Restauración de la Naturaleza contempla “al mismo tiempo beneficiar a otros países europeos no productores que así se enriquecen distribuyendo los alimentos que importan de países terceros. Ya está bien de engañar a la gente. Con leyes insultantes como estas, Bruselas está anteponiendo los intereses comerciales de unos pocos sobre la autosuficiencia alimentaria europea”.

Por su parte, el presidente de EUROPECHE, Javier Garat, declaró que “La Comisión ha creado un debate polarizado en torno a la Ley del mismo modo que las ONG han politizado y simplificado el debate enumerando a los eurodiputados a favor o en contra de la naturaleza”.

“Ya estamos importando el 70% de los productos del mar que consumimos en Europa”, detalló Javier Garat. “La nueva Ley de Restauración de la Naturaleza sin duda contribuirá a aumentar la brecha de seguridad alimentaria“, concluyó el presidente de EUROPECHE.

Destrucción ideológica del sector agroalimentario español

Según las asociaciones agrarias, la aplicación de la Ley en España implicará que el 40% de la superficie bajo la Red Natura 2000 quedará improductiva. La Red abarca en España el 27,35 % de su superficie terrestre y 84.300 km² de superficie marina, por lo que también impacta la normativa en el sector pesquero.

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, compuesta en España por 1.468 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) determinados por Bruselas.

La Red abarca en España una extensión total de 138.000 km², el 27,35 % de su superficie terrestre, y unos 84.300 km² de la superficie marina, por lo que también impacta la normativa en el sector pesquero.

ASAJA incidió en que España ya cumple rigurosos (y numerosos) requisitos, como los que establecen las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Sin embargo, las nuevas obligaciones de la Ley de Restauración de la Naturaleza ahogarán aún más al sector primario.

Además, según denunciaron COPA-COGECA y EUROPECHE, la Comisión planea usar para la “restauración” fondos de la PAC o del Fondo Pesquero y marítimo de la UE. Aunque los presupuestos de las citadas ayudas están sobrecargados, Bruselas se niega a proponer un Fondo de Restauración para mitigar el impacto en los perjudicados por la aplicación de la Ley.

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