Así lo determina la «Disposición adicional vigésima» del Real Decreto 316/2026
La modificación del Real Decreto 1155/2024, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, introduce cambios relevantes en los procedimientos de regularización de personas inmigrantes en situación irregular en España.
La nueva normativa, recogida en el Real Decreto 316/2026, permite que determinados extranjeros puedan acceder a autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo, incluso cuando existan antecedentes reflejados en informes policiales, siempre que no se considere que representan una amenaza real para la seguridad o el orden público.
Evaluación individualizada de cada caso
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es que la existencia de anotaciones policiales ya no será motivo automático de denegación.
A partir de ahora, la Administración deberá realizar un análisis caso por caso, valorando si el solicitante supone un riesgo efectivo para la seguridad pública, la salud o las relaciones internacionales.
Este enfoque introduce un criterio más flexible en la valoración de antecedentes, priorizando la evaluación individual frente a la exclusión automática.
Requisitos para la regularización por arraigo
A pesar de la flexibilización en la valoración de antecedentes policiales, la normativa mantiene requisitos estrictos para acceder a este tipo de autorizaciones:
- Ser mayor de edad.
- Acreditar una permanencia continuada en España de al menos cinco meses antes de la solicitud.
- No haber sido beneficiario de ciertos regímenes de protección temporal, como el destinado a desplazados por la guerra de Ucrania.
- No contar con antecedentes penales conforme a la legislación vigente, salvo aquellos susceptibles de cancelación antes de la resolución del expediente.
- Presentar documentación identificativa válida.
- No estar inmerso en otros procedimientos administrativos relacionados con la residencia.
Objetivo de la medida y debate político
El Ejecutivo sostiene que esta reforma tiene como finalidad ofrecer una respuesta a situaciones de vulnerabilidad y facilitar la integración de personas que ya forman parte de la sociedad española.
Sin embargo, la modificación ha generado un amplio debate político y social, especialmente en relación con el papel que deben desempeñar los informes policiales en los procesos de regularización y el equilibrio entre integración y seguridad.
