Los agresores se declararon insolventes, la Administración se desentendió del pago y el policía nacional tuvo que recurrir a la Justicia
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha ordenado que la Dirección General de la Policía pague una indemnización de 13.600 euros a un Policía Nacional herido tras un intento de asesinato. Interior se desentendió de la indemnización que impuso la Audiencia Provincial a los agresores cuando estos se declararon insolventes.
El agente, hoy jubilado, sufrió lesiones durante un ataque con una barra de hierro por parte de dos criminales. El funcionario necesitó pasar cuatro días hospitalizado y tardó otros 137 días en recuperarse por completo de sus lesiones.
La Audiencia Provincial impuso a los agresores en 2019 penas de prisión de entre tres y cinco años por intento de homicidio y lesiones con un instrumento peligroso. Además de la condena de prisión, la Audiencia Provincial también los condenó a pagar 13.600 euros como compensación por los daños causados al agente.
Sin embargo, tras declararse insolventes los condenados, el agente solicitó a la Administración que asumiera los gastos. Ante la negativa de Interior, el policía se vio obligado a llevar el caso a los tribunales.
‘El perro se me ha escapado, le tenía que haber matado’
La agresión tuvo lugar el 29 de mayo de 2018 cuando el policía acudió al domicilio de uno de los condenados para entregarle una citación del Juzgado de Instrucción Nº5 por un asunto pendiente.
El agresor comenzó a insultar al policía y, al no aceptar la citación, el agente optó por dejarla en una verja. Fue entonces cuando el agresor lo atacó con una barra metálica en la espalda con la intención de acabar con su vida.
Al escuchar el altercado, el hijo del agresor salió de la vivienda, y sujetó al policía por la espalda, inmovilizando sus brazos para permitir que su padre golpeara al agente en la cabeza con la barra de hierro.
Aunque el hijo no sabía que la víctima era un policía, intentó clavarle un palo en el abdomen con la intención de matarlo, pero el agente logró escapar y pedir ayuda.
Cuando los refuerzos llegaron al lugar, ambos agresores expresaron comentarios como “el perro se me ha escapado, le tenía que haber matado” o “vuestro compañero ha tenido mala suerte”.
El policía nacional tuvo que buscar en los tribunales el amparo que no le dio Interior
El abandono de Interior a sus propios funcionarios ha quedado patente durante los gobiernos de Sánchez por en la connivencia del Ejecutivo con los extremistas que criminalizan a las fuerzas del orden, desde Policías a funcionarios de prisiones, o en la endémica escasez de efectivos y medios ponen en riesgo la seguridad personal de los agentes.
Por si lo anterior no fuera suficiente, la Administración muestra su faceta más inhumana en ciertos casos de abandono a agentes que sufren secuelas de todo tipo en cumplimiento del deber. Tal fue el caso de un policía que, tras un intento de asesinato en acto de servicio, tuvo que recurrir al amparo judicial, porque la DGP se negó a hacerse cargo de la indemnización que sus agresores, insolventes, no pagaron.
Por fortuna para una persona embarcada en la aventura de demandar a la Administración, existe una jurisprudencia que permitió prosperar la reclamación del agente.
Los magistrados tuvieron en cuenta la jurisprudencia del Supremo
Los magistrados del TSJ de Baleares se han apoyado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho al resarcimiento e indemnidad al policía que ha sufrido daños en un acto de servicio sin mediar dolo, culpa o impericia de su parte, porque es “principio general que rige para los empleados públicos”.
En detalle, la sentencia explica que “lesiones y perjuicios sufridos por los agentes de policía como consecuencia de acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia por su parte, las funciones que son propias de su cargo deben ser resarcidos por la Administración mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad”.
Según precisa Confilegal, como ese fue el caso del agente denunciante, “declarada la insolvencia de ambos condenados para atender el pago de esa indemnización”, la Dirección General de la Policía “se subroga en la posición de los condenados declarados insolventes, frente a los cuales, podrá ésta repetir, si aquellos vinieren a mejor fortuna”.
