La Audiencia Nacional investiga una posible financiación irregular en las elecciones catalanas de 2024
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está analizando la posible existencia de pagos no declarados vinculados a la campaña electoral del PSC en las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024, en las que Salvador Illa obtuvo la victoria y posteriormente fue investido presidente de la Generalitat.
Según las diligencias impulsadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la investigación se centra en la posible existencia de una estructura interna dentro del PSOE que habría actuado de forma coordinada para influir en procedimientos judiciales sensibles o condicionar el entorno político y mediático.
Requerimiento judicial de documentación al PSOE
En el marco de esta causa, la Audiencia Nacional ha solicitado al PSOE toda la documentación relacionada con los gastos de la campaña electoral catalana. Esto incluye:
- Contabilidad oficial presentada ante la Sindicatura de Comptes
- Informes remitidos al Tribunal de Cuentas
- Contratos de publicidad y propaganda
- Facturas y justificantes de gasto
- Estados financieros completos de la campaña
El objetivo es esclarecer si todos los movimientos económicos se ajustaron a la normativa electoral vigente.
Sospechas sobre una posible “campaña paralela”
La investigación también apunta a la posible existencia de una denominada “campaña paralela” o “campaña oscura”, orientada a influir en el electorado mediante estrategias de comunicación indirectas, difusión de contenidos sensibles o posibles informaciones manipuladas.
Este tipo de prácticas, de confirmarse, podrían constituir una vulneración de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, especialmente en lo relativo a la transparencia en la financiación de campañas.
El informe de la Sindicatura de Comptes y el presupuesto del PSC
Las elecciones catalanas de 2024 supusieron un cambio político significativo en Cataluña. Según un informe de la Sindicatura de Comptes, el PSC gestionó un presupuesto de aproximadamente 2,9 millones de euros para su campaña electoral.
El documento también detecta irregularidades formales, como:
- Pagos fuera de la cuenta electoral habilitada por un valor de 6.607 euros
- Posibles incumplimientos en la declaración de ingresos por parte de empresas proveedoras
- Servicios que habrían superado el umbral legal sin la debida transparencia fiscal
Pagos bajo la lupa a través de sociedades interpuestas
Dentro de las diligencias, la Guardia Civil investiga un pago cercano a los 20.000 euros vinculado a la periodista Patricia López, realizado a través de su empresa Grupo Crónica Libre.
Según la información recogida en el auto judicial, este importe habría sido canalizado como parte de un supuesto plan de medios gestionado mediante una agencia externa, bajo indicaciones atribuidas a la dirección socialista.
Origen de la investigación y posibles conexiones políticas
Las pesquisas se remontan a principios de 2024, cuando se detectan posibles vínculos entre antiguos cargos socialistas en un contexto de presuntas operaciones internas relacionadas con la gestión de información y la comunicación política.
Los investigadores analizan si determinados medios de comunicación pudieron haber tenido un papel activo en la difusión estratégica de contenidos, algunos de ellos relacionados con filtraciones procedentes de archivos del caso Villarejo, con potencial impacto en procedimientos judiciales en curso.
El papel de los medios y la estrategia comunicativa
Uno de los aspectos bajo revisión es la posible utilización de medios de comunicación como herramienta activa dentro de una estrategia política. Según la hipótesis de los investigadores, no solo se habría buscado difusión informativa, sino también influencia directa en la opinión pública y en procesos judiciales sensibles.
Señalamientos en la documentación intervenida
Las anotaciones intervenidas a la exmilitante socialista Leire Díez incluyen referencias a la creación de un medio de comunicación en el marco de lo que internamente se habría denominado “Operación PSOE”.
Este elemento es considerado relevante por los investigadores, ya que podría apuntar a una estrategia de comunicación estructurada con objetivos políticos y judiciales concretos.
El PSOE defiende la legalidad de la campaña
Por su parte, el PSC ha negado cualquier irregularidad y asegura haber colaborado plenamente con la justicia. La formación sostiene que toda la documentación requerida ya fue entregada previamente a los organismos de control electoral.
Además, los socialistas catalanes recalcan que el auto judicial no establece una relación directa entre la campaña electoral de Cataluña y los hechos investigados.
