Además de los 18.000 € de la multa, el Supremo obliga a Montero a abonar las costas procesales e intereses de demora a Marcos
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha ordenado este miércoles que la ministra en funciones, Irene Montero, debe abonar a Rafael Marcos una nueva suma de 5.400 euros por intereses de demora y costas procesales que se suma a la anterior cantidad de 18.000 euros.
Los jueces emitieron un auto de ejecución de sentencia después de que Irene Montero pagara los 18.000 euros de indemnización que el Tribunal había establecido previamente por haber etiquetado a Marcos como un “maltratador”.
Montero realizó este pago después de que la defensa de Marcos presentó una demanda ante el Supremo para asegurarse de que la ministra cumpliera con la sentencia tras difamarlo.
Montero sigue sin cumplir la totalidad de la sentencia favorable a Marcos
Además de requerir el pago de los intereses y las costas procesales, el Alto Tribunal otorga ahora un plazo de 20 días para que Montero publique en su cuenta de ‘X’ el encabezamiento y el veredicto de la sentencia.
El Tribunal también establece el mismo período de tiempo para que la condenada elimine un tuit que publicó el 25 de mayo de 2022, en el que compartió un video que contenía las difamaciones contra Rafael Marcos
Esta decisión del Alto Tribunal se basa en la violación del derecho al honor de Rafael Marcos perpetrada por Irene Montero, quien tachó de maltratador a un ciudadano particular, que jamás ha sido condenado por ello, en un acto público en el que justificaba el indulto a la secuestradora de su hijo.
Una ministra difamando a un ciudadano particular
Rafael Marcos es el excompañero de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre, condenada por secuestrar a su hijo en común en 2017 y desobedecer una orden judicial al no entregarlo al padre.
Según detalla Confilegal, Marcos demandó a Montero por las acusaciones que pronunció el 25 de mayo de 2022 en la inauguración de la sede del Instituto de las Mujeres, que además difundió en Twitter.
Aquel día, recién indultada la secuestradora María Sevilla por el gobierno, Montero señaló que el Estado tenía “una deuda” con “las madres protectoras” y que debía de “proteger” a mujeres que “se protegen a sí mismas y a sus hijos de la violencia machista“, en alusión a Marcos.
La Abogacía del Estado solicitó la suspensión de la sentencia
Según consta en la sentencia, la Abogacía del Estado, que representa a Irene Montero, solicitó al Tribunal Supremo que suspendiera la ejecución de la sentencia, ya que habían presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Fiscalía pidió que se emitiera el auto de ejecución de la sentencia.
