«Un país serio defiende a los ciudadanos honestos» ha afirmado la primera ministra italiana
El Gobierno de Giorgia Meloni ha dado luz verde a una importante reforma legal en Italia destinada a endurecer las medidas contra la okupación ilegal y acelerar de forma significativa los procesos de desahucio. La medida se enmarca dentro del nuevo Plan de Vivienda italiano, cuyo objetivo es mejorar el acceso al alquiler y aumentar la oferta de inmuebles disponibles en el mercado.
Desahucios en 15 días: el cambio más destacado de la nueva ley
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la creación de un procedimiento de urgencia judicial que permitirá a los jueces emitir órdenes de desalojo en un plazo aproximado de 15 días.
Estas resoluciones tendrán aplicación inmediata, incluso si los ocupantes presentan recursos o alegaciones posteriores. Según el Ejecutivo, esta medida busca evitar que los procedimientos de desalojo se prolonguen durante meses o incluso años, una de las principales críticas al sistema actual.
Sanciones más duras contra la okupación y la morosidad
La nueva normativa también incluye sanciones económicas más severas para quienes permanezcan en una vivienda de forma ilegal tras una orden judicial.
En concreto, se aplicará un recargo equivalente al 1% del alquiler mensual por cada día de ocupación indebida, una medida que el Gobierno considera disuasoria frente a posibles estrategias de retraso.
Además, los contratos de alquiler que estén próximos a finalizar podrán ser gestionados de forma más ágil: los propietarios podrán solicitar con antelación una orden de desalojo que entrará en vigor automáticamente al vencimiento del contrato.
Menos margen para los inquilinos morosos
La reforma también modifica los plazos de gracia para inquilinos con impagos. El tiempo para regularizar deudas se reduce a la mitad, y se limita el número de veces que un arrendatario puede recurrir al proceso judicial para aplazar pagos, incluidos intereses y costes asociados.
El objetivo del Ejecutivo es reducir la inseguridad jurídica que, según el Gobierno, ha desincentivado a muchos propietarios a poner sus viviendas en alquiler.
Protección para colectivos vulnerables
A pesar del endurecimiento general de la normativa, la ley incluye excepciones sociales. Los desahucios podrán aplazarse hasta seis meses en casos de especial vulnerabilidad, como:
- Personas mayores
- Enfermos terminales
- Personas con discapacidad grave
Además, los servicios sociales deberán ser informados de forma obligatoria para intervenir en situaciones de riesgo.
Meloni: “Un país serio protege a los ciudadanos honestos”
La primera ministra italiana ha defendido públicamente la reforma, asegurando que durante años los propietarios han estado desprotegidos frente a la okupación, los impagos y la lentitud judicial.
“Un país serio defiende a los ciudadanos honestos”, ha afirmado Meloni, subrayando que la inseguridad jurídica ha contribuido a reducir la oferta de vivienda en alquiler y a elevar los precios.
Un giro contundente en la política de vivienda en Italia
Con esta reforma, el Gobierno italiano adopta una de las posiciones más firmes de los últimos años contra la okupación ilegal y la morosidad en el alquiler. El Ejecutivo considera que estas medidas ayudarán a equilibrar la protección social con el derecho a la propiedad privada y a mejorar el funcionamiento del mercado inmobiliario.
