La acusación popular no esperará a la declaración judicial del expresidente y anuncia acciones legales contra todo el gabinete del Gobierno
La plataforma Iustitia Europa, personada como acusación popular en la causa que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado de forma contundente que interpondrá una querella contra todo el Consejo de Ministros. La organización ha decidido tomar esta vía legal inmediata sin esperar a que el exjefe del Ejecutivo preste declaración ante el magistrado.
Esta contundente maniobra judicial llega tras la imputación del exlíder socialista por su presunta implicación en una red de tráfico de influencias enmarcada en el entorno de la aerolínea Plus Ultra y nexos internacionales, una causa liderada en la Audiencia Nacional.
Presunta trama delictiva
Según ha manifestado públicamente el equipo jurídico de la asociación, encabezado por el letrado Luis María Pardo, consideran que la presunta trama delictiva no habría podido operar de manera aislada, señalando una supuesta inacción o complicidad por parte del actual gabinete gubernamental.
La decisión de Iustitia Europa dinamita los tiempos procesales habituales. Tradicionalmente, las acusaciones populares aguardan al interrogatorio del principal investigado —fijado para inicios de junio— antes de ramificar sus acciones penales.
Responsabilidad penal al más alto nivel
Sin embargo, la plataforma argumenta tener indicios suficientes para elevar la responsabilidad penal al más alto nivel institucional. Al dirigir la querella contra el conjunto de ministros, el procedimiento deberá ser trasladado previsiblemente ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, debido al aforamiento que protege a los miembros del Gobierno español.
La acusación popular sostiene que el Ejecutivo ha podido incurrir en graves omisiones o delitos de prevaricación al amparar o no fiscalizar de manera debida actividades presuntamente ilícitas de gran calado económico.
Con este movimiento, la entidad busca estrechar el cerco judicial sobre la Moncloa y forzar un pronunciamiento del Alto Tribunal, elevando al máximo la tensión política y jurídica que rodea este procedimiento judicial.
