Magistrados recuerdan que el Estado es soberano y que el Ejecutivo de Sánchez ha decidido unilateralmente traer a las Canarias el buque con brote
Los jueces españoles han arrojado un jarro de agua fría al discurso oficial del Gobierno de Pedro Sánchez al recordar que España no está legalmente obligada a aceptar el atraque del crucero afectado por un brote de hantavirus tan solo porque lo pida la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Frente a las declaraciones del Ejecutivo, que sostuvo que la “legalidad internacional y española” obligaba a acoger el barco, los magistrados subrayan que el marco jurídico permite a España limitar o incluso denegar el desembarco si existe una evaluación de riesgo sanitario y una alternativa médica razonable. Así lo anticipa OkDiario.
Magistrados como Fernando Portillo, ex presidente del Foro Judicial Independiente, y Jesús Villegas, secretario general de Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, han explicado públicamente que el Estado es soberano y que no se encuentra sujeto a los dictados de la OMS, sino a tratados internacionales y a la normativa propia de un Estado portuario.
España con Sánchez pierde soberanía
En esa línea, varios informes jurídicos, incluidos los elaborados por el PP, recuerdan que ni el Reglamento Sanitario Internacional ni el Derecho de la Unión Europeo imponen una obligación automática de admitir un buque con un brote infeccioso, sino que dejan la decisión final al país cuyo puerto se solicita.
Contra ese trasfondo técnico, la decisión de Moncloa de abrir los puertos canarios al crucero MV Hondius ha sido criticada como un acto político y diplomático, no jurídicamente ineludible. “El Gobierno puede cooperar con la OMS, pero no está obligado a trasladar el riesgo epidemiológico a su territorio”, señalan varias fuentes judiciales a OkDiario. Recuerdan que España podría haber exigido que las medidas de aislamiento y desinfección se llevasen a cabo en origen o en Cabo Verde, evitando así la llegada del barco a las Islas Canarias.
Sánchez usa la coartada de la moralidad y obligación legal
En este contexto, los jueces se posicionan como referentes de la independencia técnica y de la soberanía nacional, frente a un poder político que, en su opinión, ha utilizado la coartada de “moralidad” y “obligación legal” para justificar una decisión que afecta directamente a la salud pública de miles de ciudadanos.
La tensión entre el Ejecutivo central y el Gobierno canario, que se niega a recibir el buque sin una evaluación sanitaria completa, refuerza el mensaje de que España no está obligada a obedecer órdenes de la OMS, sino a decidir con criterio epidemiológico y con respeto a su propia soberanía.
