El Consejo alerta de que los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez «erosionan la confianza de los ciudadanos» en la Justicia
La ofensiva del Ejecutivo contra los jueces a raíz del levantamiento del sumario de Plus Ultra, y especialmente después del auto que acordó los registros en Ferraz, ha puesto en pie de guerra a parte de las carreras judicial y fiscal. También, y de forma previa, al CGPJ.
De hecho, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces denuncia la «ofensiva» del Ejecutivo contra la independencia judicial tras el levantamiento del secreto del sumario de Plus Ultra y los registros en Ferraz. No obstante, como anticipa ABC, muchos jueves y fiscales ven muy tibia la respuesta del CGPJ.
Profunda preocupación
A pesar de ello, en un gesto inédito de firmeza institucional, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido este martes un duro comunicado en el que expresa su «profunda preocupación» por los reiterados ataques del Gobierno contra los jueces y magistrados, especialmente tras las últimas revelaciones del caso conocido como las «cloacas del PSOE».
El texto acusa directamente a «representantes de altas instituciones del Estado» de llevar a cabo una estrategia destinada a erosionar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial.
Sumario Plus Ultra
Según el CGPJ, estas acciones se han intensificado después de que el juez Pedraz levantara parte del secreto del sumario de Plus Ultra —que salpica directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero— y se destapara la operación de deslegitimación de varias causas judiciales que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez.
El comunicado hace especial referencia al papel de Leire Díez, considerada la «fontanera» del PSOE, cuya actividad habría coordinado esfuerzos para desprestigiar investigaciones abiertas contra el Partido Socialista. Los registros realizados en la sede de Ferraz habrían revelado una red de acciones destinadas a socavar la credibilidad de los jueces que instruyen estos casos.
La presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, se encuentra al frente de esta respuesta institucional. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces destacan que la institución no puede permanecer impasible ante lo que consideran una «campaña sistemática» de descrédito que pone en riesgo la separación de poderes.
Tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial
Este pronunciamiento llega en un momento de máxima tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El Gobierno, por su parte, ha defendido en las últimas semanas que algunas decisiones judiciales responden a motivaciones políticas, una línea argumental que el CGPJ rechaza de plano al considerarla «inaceptable» en un Estado de Derecho.
Los vocales del CGPJ alertan de que estos ataques no solo dañan la imagen de los jueces, sino que pueden tener consecuencias graves sobre la percepción ciudadana de la imparcialidad de la Justicia. «La erosión constante de la confianza pública en las instituciones judiciales supone un riesgo real para la democracia», subraya el comunicado.
El caso Plus Ultra y las investigaciones derivadas del ‘caso Koldo’ han puesto al descubierto presuntas irregularidades en la concesión de ayudas durante la pandemia y una supuesta trama de corrupción que alcanzaría a altos cargos socialistas. El levantamiento del secreto sumarial ha permitido conocer detalles que, según la oposición, demuestran la existencia de una auténtica «estructura paralela» dentro del PSOE para proteger a sus miembros.
Con este comunicado, el CGPJ marca claramente sus límites ante lo que percibe como una intolerable intromisión del poder político en el ámbito judicial. La institución, que lleva años denunciando la falta de renovación y las presiones externas, parece haber encontrado en las últimas revelaciones el detonante para pasar a una posición de defensa activa de su independencia.
Óscar López y la mafia judicial
Como apunta ABC, uno de los ministros más comprometidos en esa campaña de deslegitimación de la justicia ha sido Óscar López, quien ha sembrado la duda sobre la actuación de los jueces afirmando que se están admitiendo denuncias impulsadas por grupos ultraderechistas «sin fundamento o con pruebas fabricadas». Y ha cuestionado el calendario judicial y la «mafia judicial» del PP, ironizando sobre cómo se condena al fiscal general sin pruebas sólidas, pero a su vez se archivan o se toman decisiones favorables en otros casos de interés político.
«Sobre el calendario, cuando más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias», ha apuntado. Además ha criticado el modo en que se redactan y filtran algunos autos y sumarios judiciales, llegando a compararlos en sus declaraciones con libros de ficción.
Óscar Puente y Salvador Illa
De igual forma, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha hablado de una estrategia para «derribar» al Ejecutivo de Sánchez que se sustenta en las causas judiciales que salpican al PSOE y al hermano y mujer del presidente. «En el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en informaciones privilegiadas y determinadas acciones para derribar al Gobierno», dijo. Puente puso de manifiesto, además, una coincidencia de calendarios judiciales y el uso del sistema para entorpecer al Ejecutivo
En la misma línea, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, de cuya campaña a las autonómicas catalanas también ha pedido información el juez Pedraz, ha remarcado: «Ser socialista no es ser ingenuo. Respetamos y respeto la justicia, pero sé distinguir una casualidad de lo que no es una casualidad».
