Marlaska asigna cuatro agentes 24 horas a la activista de izquierdas cuya denuncia por agresión física fue rechazada por la jueza
Vídeos, peritajes y la propia sentencia dejan en evidencia a Sarah Santaolalla como víctima profesional. Mientras los españoles pagan impuestos hasta el último céntimo, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha decidido regalarle a Sarah Santaolalla una escolta policial de lujo que cuesta 12.000 euros al contribuyente. Así lo ha denunciado el sindicato JUPOL, que cifra en esa cantidad el despilfarro de cuatro agentes dedicados en exclusiva a proteger a la tertuliana y activista de izquierdas, famosa por su cabestrillo mediático y sus lágrimas de cocodrilo.
Todo empezó cuando Santaolalla denunció una supuesta agresión de Vito Quiles a las puertas del Senado. Apareció en televisión con el brazo en cabestrillo, posando de mártir y exigiendo protección inmediata.
La realidad judicial fue otra: la jueza rechazó de plano la orden de alejamiento y los peritajes forenses pusieron en duda las lesiones que tanto exhibió. Vídeos del momento, que circulan masivamente en redes, muestran que la “agresión” fue, en el mejor de los casos, un roce exagerado hasta niveles ridículos.
Pese a la sentencia y a las pruebas que la dejan en evidencia, Marlaska —siempre tan generoso con los suyos— no dudó en concederle protección especial con cuatro policías. JUPOL lo ha calculado al céntimo: 12.000 euros que salen directamente del bolsillo de todos los españoles para custodiar a una persona que ni siquiera ha demostrado estar amenazada de verdad.
Un escándalo y un insulto
El sindicato policial no se muerde la lengua: “Esto es un escándalo y un insulto a los agentes que se juegan la vida protegiendo a víctimas reales”, han señalado fuentes internas. Mientras tanto, Santaolalla sigue apareciendo en platós contando su “drama” y cobrando por ello, ahora además con guardaespaldas pagados por todos… Y en cabestrillo.
La polémica ha estallado en redes y en el Congreso. El caso huele a clientelismo político puro y duro. Marlaska protege a sus tertulianas favoritas; los ciudadanos, a pagar la factura.
