El mayor escándalo de fraude laboral de España no ocurre en la temida empresa privada, sino en las propias entrañas del sector público. Acatando la firme jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los tribunales españoles han comenzado a condenar a las administraciones obligándolas a indemnizar económicamente a miles de trabajadores interinos que llevan décadas prestando servicios ininterrumpidos en fraude de ley bajo concatenaciones de contratos temporales.
Estas sentencias ponen en evidencia la insoportable doble moral del Gobierno central. Mientras el Ministerio de Trabajo envía de forma implacable a su legión de inspectores para imponer multas multimillonarias a pequeños empresarios y pymes que sufren retrasos mínimos en materia contractual, las diferentes consejerías ministeriales y autonómicas han actuado durante años como el mayor infractor laboral del país, manteniendo a médicos, maestros y funcionarios base en la más absoluta precariedad legal.
Décadas de encadenamiento de contratos precarios
Decenas de miles de empleados de la función pública han construido su vida laboral a salto de mata. Sujetos a renovaciones anuales o semestrales para cubrir supuestas vacantes urgentes que, en la práctica, escondían puestos estructurales fijos vitales para el funcionamiento del país, han sufrido un bloqueo profesional inaceptable sin los derechos asociados a la ansiada fijeza.
Esta situación de indefensión perpetua ha servido a la administración para contar con una mano de obra cualificada y sumisa, a la que podía despedir libremente sin indemnización alguna. Una estafa burocrática institucionalizada que finalmente los tribunales europeos han destapado, forzando a los magistrados nacionales a parar los pies a las arcas del Estado.
El pago millonario de las indemnizaciones recaerá sobre el contribuyente
Aunque la justicia brille para estos trabajadores agraviados, el desenlace tiene un reverso tremendamente oscuro. Las astronómicas sumas económicas necesarias para pagar las indemnizaciones que exigen los tribunales por este inmenso abuso de poder no saldrán del bolsillo de los consejeros ni de los directores de recursos humanos de las consejerías que toleraron la negligencia.
La dolorosa factura de la ineptitud en la gestión pública será sufragada, una vez más, a cargo de los asfixiados presupuestos del Estado. Es decir, será el ciudadano medio y el sector privado quienes abonarán con sus altos impuestos las multas de las negligencias sistemáticas cometidas por sus propios gobernantes, demostrando que en la administración pública la falta de responsabilidad política jamás acarrea consecuencias personales.
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