La letrada, vinculada al PSOE y con despacho en Madrid, habría facilitado reuniones entre Leire Díez y miembros de la Fiscalía
La investigación sobre la presunta red de injerencias políticas y judiciales vinculada al entorno del PSOE sigue ampliando su alcance. Según una exclusiva de OkDiario, la abogada Leticia de la Hoz, militante socialista y con despacho en Madrid, habría actuado como intermediaria de Leire Díez, la exmilitante señalada por la Unidad Central Operativa (UCO) como pieza clave en la trama destinada a interferir en procesos judiciales que afectaban al partido y al entorno del presidente del Gobierno.
De acuerdo con la información publicada, De la Hoz habría sido la encargada de organizar reuniones entre Leire Díez y miembros de la Fiscalía General del Estado, así como de facilitar contactos con empresarios y mandos policiales. Su papel, según los investigadores, era el de “puente jurídico” entre la estructura política y los interlocutores institucionales que podían aportar información o influir en causas abiertas.
Caso Koldo y el hermanísimo
La UCO sostiene que Hoz participó en al menos dos encuentros en Madrid durante 2025, uno de ellos en un restaurante cercano a la sede de la Fiscalía, donde se trataron asuntos relacionados con el caso Koldo y con las diligencias sobre David Sánchez, hermano del presidente. En esos encuentros, Leire Díez habría presumido de tener acceso directo al “One del Gobierno” y de poder “mover jueces”, según testimonios recogidos en el sumario.
La persona que abre puertas
Leticia de la Hoz, que ha ejercido como abogada en causas de relevancia mediática y mantiene vínculos con círculos socialistas, aparece mencionada en varios mensajes intervenidos en el teléfono de Leire Díez. En ellos se la identifica como “la persona que abre puertas” y “la que sabe cómo hablar con ellos”, en referencia a fiscales y funcionarios del Ministerio Público.
Estructura paralela
Los investigadores consideran que su participación refuerza la hipótesis de una estructura paralela dentro del entorno socialista, con capacidad para acceder a información reservada y condicionar decisiones judiciales. La Audiencia Nacional analiza ahora si su papel podría constituir cooperación en tráfico de influencias o obstrucción a la justicia.
El caso, que ya salpica a dirigentes del PSOE y a mandos de la Guardia Civil, se perfila como uno de los mayores escándalos institucionales de los últimos años, al poner en cuestión la independencia de la Fiscalía y la separación de poderes.
