Considera que existen indicios suficientes para ampliar la investigación por presuntos delitos de prevaricación y apoderamiento ilícito de información
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actúa como acusación en el caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al juez instructor del Tribunal Supremo que amplíe la investigación a otros dos presuntos delitos y que practique nuevas diligencias.
Además de los presuntos delitos de revelación de secretos que se le imputan a García Ortiz, la Asociación solicita al Supremo que se le investigue también por prevaricación y apoderamiento ilícito de información.
También han solicitado nuevas diligencias, como requerir al fiscal delegado de protección de datos los protocolos de eliminación de información en dispositivos electrónicos, con el objetivo de verificar si coinciden con la versión ofrecida por la Fiscalía sobre el borrado de los correos electrónicos de García Ortiz.
APIF considera que se conceden al imputado ventajas que no tendría cualquier otro investigado
En un escrito dirigido al magistrado instructor, APIF solicita la citación de García Ortiz en el procedimiento relacionado con la filtración de un mail en el que el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, reconocía la comisión de fraude fiscal para alcanzar un acuerdo de conformidad.
El documento argumenta que al fiscal general imputado se le está concediendo un tiempo que no tendría cualquier otro investigado para elaborar estrategias, ofrecer explicaciones o justificar su actuación.
Según APIF, las pruebas realizadas hasta ahora, especialmente el informe de la Guardia Civil sobre el teléfono móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid, apuntan a que la filtración solo pudo realizarla el fiscal general imputado.
Además, según recoge ‘El Mundo’, la Asociación considera que existen indicios suficientes para ampliar la investigación a los delitos de apoderamiento ilícito de información y prevaricación administrativa.
