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La Audiencia de Barcelona reactiva la causa contra Ada Colau por subvencionar con fondos públicos a entidades afines

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Según la Audiencia, Colau debía conocer que asociaciones relacionadas con ella antes de ser alcaldesa (DESC y PAH) solicitaron las ayudas adjudicadas por concesión directa

La Audiencia de Barcelona impulsa de nuevo la investigación contra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las subvenciones a entidades afines a su ideología por el procedimiento de concesión directa, es decir, sin concurso ni publicidad.

El tribunal barcelonés considera que ciertas personas involucradas en la concesión de las subvenciones tenían conexiones con las entidades beneficiarias, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en el proceso de asignación de fondos públicos y considera que “existen indicios de la posible comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos”

Entre las entidades que recibieron dinero público a dedo, según ha recopilado ‘El Periódico’, figuran el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -donde trabajó Colau antes de ser alcaldesa-, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca -donde Colau ejerció de portavoz-, la Alianza contra la Pobreza Energética y la organización Ingeniería Sin Fronteras.

Subvenciones que las asociaciones destinaron en gran medida a gastos de personal

Para la Audiencia, Colau “debía ser conocedora” de que las asociaciones relacionadas con su pasado laboral y activismo político seguían solicitando subvenciones de “forma recurrente y repetida”, aunque se desvinculó de ellas para entrar en la alcaldía.

El tribunal remarca, “como mera hipótesis, puesto que parece que las entidades que recibieron las subvenciones las destinaron en una elevada proporción a gastos de personal, pudiera resultar que quienes concedían la subvención sabían que estaban facilitando el pago de retribuciones a sus compañeros o excompañeros, en vez de destinar el dinero a finalidades adecuadas para un ayuntamiento”.

La Audiencia estima así el recurso presentado por la Asociación de Juristas Constitucionalistas por las Libertades y la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, que en julio de 2022 rechazó llevar a cabo diligencias.

La interventora del Ayuntamiento declara que sólo observó irregularidades sin repercusión penal

El tribunal ordena en su auto requerir al Ayuntamiento de Barcelona y a las cuatro entidades receptoras de las subvenciones que justifiquen el uso dado a dichos fondos. Este paso se considera esencial para evaluar si las subvenciones se otorgaron de manera adecuada.

El auto detalla que “varias de las personas que intervinieron en la concesión de las subvenciones tenían vínculos con las entidades que recibieron el dinero” y conoce el destino de los fondos “puede aportar información relevante para valorar si, al concederse las subvenciones, quienes las concedían eran conscientes de estar dando un uso desviado a fondos públicos”.

En ese sentido, se cita como investigada de la interventora municipal que firmó el primer convenio de ayudas en 2014 y estuvo involucrada en la tramitación de otras concesiones. La exalcaldesa Colau continúa investigada en esta causa, aunque hace dos años ya afirmó que se siguieron los procedimientos adecuados en la concesión de las subvenciones.

La intervención municipal recomendó modificar la tramitación de estas ayudas para cumplir con la normativa, lo cual se llevó a cabo. Sin embargo, se cuestiona la actuación de la interventora municipal, quien declaró que solo observó irregularidades menores que no tendrían repercusión penal.

La Audiencia de Barcelona cita a la interventora como investigada para testificar sobre las razones detrás de la adjudicación directa de subvenciones y la repetición de estas prácticas a lo largo del tiempo, acciones que no estaban en consonancia con la normativa vigente.

Los magistrados consideran que la interventora debería haber objetado estas decisiones municipales, lo que justifica su testimonio en la instrucción del caso.

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