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La Audiencia de Madrid absuelve a los policías del ‘caso ariete’ al considerar legítima su actuación

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Los vecinos llamaron a la Policía por el ruido de la fiesta de un vecino. Los agentes tiraron su puerta tras de pedirle que abra durante 45 min

La Audiencia Provincial de Madrid absuelve del delito de allanamiento de morada sin mediar causa de delito a los policías que, el 21 de marzo de 2021, estando en vigor las restricciones establecidas por la pandemia, tiraron con un ariete la puerta de un piso donde catorce personas celebraban una fiesta, incumpliendo la prohibición de reunión de no convivientes en lugares privados.

El Tribunal absuelve al subinspector al frente del operativo y otro agente, ya que el Ministerio Público y la acusación particular retiraron la acusación ante otros cuatro números, después de que el jurado declarara probado que los ocupantes del piso fueron requeridos de forma insistente durante más de 45 minutos para que abrieran la puerta y poder identificarles sin que accedieran a ello.

Esta circunstancia llevó al jurado, y en sentencia al magistrado ponente, a concluir que los agentes estaban legitimados, pese a carecer de orden judicial, para actuar como lo hicieron al incurrir los asistentes a la fiesta en un delito flagrante de desobediencia grave a la autoridad.

La música de la fiesta del ‘caso ariete’ se escuchaba en todo el edificio

Tal como muestran las grabaciones, menciona la nota del CGPJ, hasta en veintiocho ocasiones requirieron los agentes a los ocupantes de la casa que abrieran la puerta y se identificaran los ocupantes del piso.

Ante las solicitudes, optaron por apagar la música (que se escuchaba en todo el edificio y que fue el motivo de la presencia policial ante la queja de los vecinos), confinado en que los agentes se marcharían y evitando que les pusieran una multa.

El jurado popular consideró probado que, con la música ya apagada, los ocupantes se reafirmaron en la negativa a abrir la puerta, pese a las órdenes en ese sentido y llegó un momento en que los agentes se sirvieron del ariete reglamentario, después de intentar entrar valiéndose primero del método del resbalón y después intentado desmontar la cerradura con unas tenazas.

A pesar de la viralización del vídeo del ariete, la cadencia de acontecimientos resulta clave a ojos del jurado para descartar el uso de la fuerza sin justificación, como evidencia que, en un momento dado, un agente le pide al compañero que manipula la puerta que espere, tras comunicarse con alguien que se encontraba dentro de la casa, porque había personas que querían salir.

Rechaza el jurado, y refleja la sentencia, que exista una actuación premeditada e indiscriminada de la Policía, porque los agentes no detuvieron a todos los reunidos tras tirar la puerta: de catorce asistentes a la fiesta sólo se llevaron a nueve arrestados.

El mismo inquilino organizó repetidas fiestas que requirieron la presencia policial

La sentencia precisa que con anterioridad a lo ocurrido la madrugada del 21 de marzo de 2021, el propietario de la vivienda ya se negó a abrir la puerta de su vivienda y a identificarse cuando la Policía Municipal acudió la misma casa por las molestias que ocasionaba a los vecinos otra fiesta suya de similares características.

Además, con posterioridad a la detención del inquilino, ante un nuevo aviso de música y ruido, este sí atendió el requerimiento policial y abrió la puerta, algo que, según la sentencia, “pone de manifiesto, no sólo lo justificado de la acción policial de días antes, sino la obstinada actitud de este inquilino”.

El fallo indica que el inquilino “amparado en la laxitud y escasa eficacia de la actuación policial en la primera ocasión, no desiste en mantener un comportamiento reprobable y altamente antisocial en las difíciles circunstancias que se hubieron de enfrentar con motivo de la pandemia”.

¿Entrar con un ariete es un ataque al estado de Derecho?

La sentencia incide en que no juzga la actitud del propietario de la casa, ni la de sus amigos, pero “es difícil pretender que el jurado se abstraiga de aquella situación ante la repudiable actuación de los infractores y visto el escaso arrepentimiento que mostraron durante el plenario, siendo por el contrario la patente vulneración de la normativa existente por causa del covid y las molestias ocasionadas a otros vecinos, lo que impulsa la acción de la Policía”.

“No corresponde –añade la sentencia-, a los miembros del jurado, legos en derecho, valorar la fortaleza de la democracia española o de su estado de derecho, sino determinar solo si la conducta obstrativa de unos jóvenes poniendo en riesgo la salud y el derecho de descanso de sus vecinos, justifica la actuación de la Policía”.

En ese marco competencial, el jurado consideró que “los agentes no pretendían vulnerar ningún derecho, sino poner fin a una situación que no cesó hasta que se vieron obligados a abrir la puerta con un ariete por la obstinada negativa de aquéllos”.

Por último, el tribunal impone a la acusación particular las costas del procedimiento, tras considerar que su actuación durante la fase de instrucción e incluso durante el plenario rozó la temeridad. Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación.

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