El juez instructor señala que sólo así se pueden impedir ‘interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos’
A petición de la Fiscalía, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional declara el secreto de actuaciones en la causa abierta para investigar si el apagón general en la red eléctrica española del pasado lunes, que afectó a todo el territorio peninsular, pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas que encajarían en un delito de terrorismo del artículo 573.1 y 2 del Código Penal.
Secreto para impedir ‘interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos’
En un auto, el juez instructor analiza la regulación legal y la doctrina sobre esta materia y señala que “la declaración del secreto en las presentes actuaciones tiene por objeto concreto, pues solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que pudiera comprometer la seguridad de servicios esenciales”.
El apagón general supuso ‘una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos’
Ayer martes, una hora después de que Red Eléctrica Española (presidida por la exministra socialista, Beatriz Corredor) descartase un incidente de ciberseguridad en sus instalaciones, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional incoa diligencias previas para investigar si el apagón general de ayer pudo ser un sabotaje en infraestructuras críticas que encajarían en un delito de terrorismo.
El magistrado acordó como primeras diligencias requerir al Centro Cripotológico Nacional y a Red Eléctrica Corporación SA la elaboración de sendos informes para que en un plazo improrrogable de diez días indiquen la o las causas que motivaron el apagón.
Del mismo modo, solicitó a la Jefatura de Información de Policía para que, también en un plazo de diez días, presente informe preliminar sobre los hechos acontecidos.
