El gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue gastando el dinero de los madrileños en inmigración ilegal
La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha adjudicado distintos contratos públicos para la atención residencial de 202 menores extranjeros no acompañados (menas), con una inversión anual superior a los 14 millones de euros.
La medida aparece recogida en la Orden 1352/2026 de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, dentro del acuerdo marco destinado al acogimiento residencial de menores tutelados sin referente familiar en la región. La adjudicación se ha realizado mediante un procedimiento abierto y con varios criterios de valoración.
Entidades adjudicatarias y coste por plaza
Entre las organizaciones y entidades que gestionarán estas plazas residenciales se encuentran asociaciones, fundaciones y empresas especializadas en intervención social. Algunas de las adjudicatarias son:
- Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado
- Asociación Dual
- Fundación Samu
- Arquosocial S.L.
- Fundación Diagrama – Intervención Psicosocial
- Asociación Formación, Integración Social Almeriense Afinsa
- Fundación Amigo
- Federación Plataformas Sociales Pinardi
- Asociación Centro Trama
Los contratos contemplan precios de entre 185 y 186 euros diarios por menor, dependiendo de la entidad adjudicataria y de las condiciones del servicio.
Más de 5.800 euros al mes por cada menor tutelado
Según los datos publicados, el coste medio por cada mena asciende a unos 192 euros diarios, lo que equivale aproximadamente a 5.858 euros mensuales por plaza residencial.
Si se multiplica esta cantidad por los 202 menores atendidos durante todo el año, el importe global supera los 14 millones de euros anuales financiados por la Comunidad de Madrid.
Qué incluyen estos servicios de acogida
El presupuesto destinado a estos centros cubre diferentes servicios vinculados a la tutela de los menores extranjeros no acompañados. Entre ellos destacan:
- Alojamiento y manutención
- Atención educativa y escolarización
- Asistencia sanitaria
- Apoyo psicológico y psicosocial
- Integración social y seguimiento profesional
Desde la administración autonómica se defiende que estos recursos son necesarios para garantizar la protección y atención integral de los menores tutelados conforme a la normativa vigente.
Debate social y político por el elevado gasto
La publicación de estas adjudicaciones ha provocado numerosas reacciones en redes sociales y en el ámbito político. Algunos usuarios cuestionan el elevado coste mensual por plaza y lo comparan con otras ayudas o servicios sociales destinados a familias y ciudadanos españoles.
Por otro lado, distintas organizaciones y sectores sociales recuerdan que las administraciones públicas tienen la obligación legal de proteger a los menores en situación de desamparo, independientemente de su origen o nacionalidad.
