Excluyen expresamente a condenados por ‘delitos contra la autoridad’, categoría que aplica el régimen a los manifestantes y opositores
Indulto ‘fake’ que excluye a secuestrados por el régimen. La tiranía izquierdista de Cuba anunció ayer, Jueves Santo, el indulto de 2.010 personas encarceladas (incluyendo curiosamente a cubanos residentes en el exterior) mediante un indulto que responde al artículo 90 de la Constitución. La medida evalúa la conducta en prisión, el tiempo cumplido, el estado de salud y las características de los delitos.
Quedaron excluidos quienes cometieron delitos graves como agresión sexual, pederastia, asesinato, homicidio, tráfico de drogas, robo con violencia, corrupción de menores y, especialmente, delitos contra la autoridad. También se descartó a reincidentes, multirreincidentes y a quienes ya habían recibido indultos previos y volvieron a delinquir.
La oposición a la dictadura izquierdista señalan que la exclusión de «delitos contra la autoridad» —categoría habitualmente aplicada a manifestantes y opositores— deja fuera a presos políticos secuestrados por la dictadura. Asimismo, la política hacia reincidentes no distingue entre delincuencia común y contextos derivados de la destrucción social en la que el castrismo ha sumido al país durante décadas.
El indulto ‘fake’ incluye a cubanos residentes en el exterior
Entre los beneficiados del indulto ‘fake’ destacan jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, personas próximas a recuperar la libertad en el último semestre o el próximo año, extranjeros y cubanos residentes en el exterior. Las autoridades vinculan esta decisión a las celebraciones de Semana Santa, una práctica que definen como habitual en su sistema de justicia penal, relata Cibercuba.
En los últimos meses se han producido otras liberaciones: 51 sancionados en marzo tras contactos con el Vaticano y 553 en enero de 2025 tras negociaciones con Estados Unidos. Históricamente, el régimen ha concedido indultos masivos como los 2.604 presos de 2019 o los 787 de 2016. Sin embargo, en la mayoría de estos procesos predomina la falta de transparencia sobre la posible inclusión de presos políticos, cuya existencia el Gobierno niega oficialmente. (398 palabras)
